Cohecho, prevaricación y malversación en Arona
La Fiscalía ha solicitado formalmente la apertura del juicio oral por el conocido como Caso Arona-1. Los delitos de los que se acusa a diecisiete concejales, exconcejales, técnicos, empresarios y policías son los de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y malversación. Además, se pide la asunción de la responsabilidad civil que los denunciantes han cuantificado en 40 millones de euros. Una cantidad que se corresponde al daño que habría hecho a las arcas municipales y que tendrían que desembolsar los acusados de su propio bolsillo.
De todos los políticos implicados sólo sigue en activo Antonio Sosa que es el hombre fuerte de Coalición Canaria (CC) en el municipio, portavoz del grupo municipal y concejal de Medio Ambiente y Playas, al que se acusa de malversación de fondos públicos y delito continuado de prevaricación. Igualmente se mantiene aún como concejal Manuel Barrios del Centro Canario Nacionalista (CCN), al que se le atribuye un delito continuado de prevaricación urbanística y de prevaricación.
Lo que no se ha determinado aún son los años que la Fiscalía pide de cárcel para cada uno de ellos aunque al elevarse la causa a la Audiencia Provincial se da por seguro que serán más de seis años, al menos, para alguno de los acusados. Las previsiones son que el viernes se conozca ya la petición formal de penas.
De resto, al anterior alcalde, José Alberto González Reverón, se le acusa por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística, prevaricación y tráfico de influencias. A los representantes de CC, Sebastián Martín, Alfonso Barroso, Juan José Alayón Beltrán, del CCN, José Luis González Rodríguez y del Partido Popular (PP), Félix Sierra, la Fiscalía los acusa formalmente de presuntos delitos continuados de prevaricación urbanística y prevaricación. Pero al ex concejal del PP también de cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios.
En cuanto a los técnicos Eliseo de La Rosa y Roberto de Luis, se les atribuyen supuestos delitos de cohecho y prevaricación urbanística. A los técnicos externos, Jorge Ménendez, Antonio Luis, Zenón Rodríguez y Arsenio Zamora, del cobro de comisiones y a los mandos de la policía local y guardia civil, José Manuel Rodríguez y Hortensia García de prevaricación. Todos ellos deberán hacer acto de presencia en la Audiencia Provincial el próximo 20 de septiembre para entregarles la copia digitalizada de la causa.
A principios del pasado mes de junio la Audiencia Provincial ratificó las imputaciones que afectaron directamente a los integrantes de la Comisión de Gobierno de Arona entre los años 2003 y 2007, encabezado por el ya ex alcalde y el resto de sus siete concejales de CC. A Rodríguez, técnico de la Gerencia de Urbanismo, se les considera supuestamente responsables de haber actuado como intermediario para exigir a un empresario el pago de 300.000 euros por permitirle construir en Costa del Silencio. Precisamente, la denuncia de este promotor dio lugar a que el técnico, junto con los otros miembros de la Gerencia, Jiménez y De la Rosa González fueran encarcelado, lo que supuso el inicio de las investigaciones.
El grueso del caso Arona-1 se refiere a la concesión de más de doscientas licencias de construcción con los informes técnicos y jurídicos en contra y cerca de 80 adjudicaciones llevadas a cabo sin supuestamente seguir el procedimiento legalmente establecido. La Audiencia mantuvo en su momento que de las escuchas telefónicas y de las investigaciones desarrolladas se puede determinar la existencia de “una trama delictiva llevada a cabo por funcionarios y concejales”.
A Sosa, concejal entonces de Urbanismo, se le atribuye, por ejemplo, haber hecho la vista gorda con las irregularidades en el complejo Mare Nostrum Resort que supusieron que el Ayuntamiento dejara de ingresar tres millones de euros en tasas. Pero además, se descubrió que a cambio el alcalde podía utilizar libremente las habitaciones VIP del establecimiento.
