Concentración contra el recorte salarial del 20%
La Plataforma de Empleados Públicos Afectados por los Recortes (PEPAR) anima además a los trabajadores a asistir de forma masiva a las concentraciones convocadas por los sindicatos el jueves 21 de febrero entre las 13.00 y las 15.00 horas ante Presidencia del Gobierno en ambas islas capitalinas, y en las Oficinas del Servicio Canario de Empleo en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, para exigir al Gobierno de Canarias la retirada de la medida.
Además, invita a todos los trabajadores afectados por el recorte salarial y de jornada a que presenten ante el Diputado del Común y el Defensor del Pueblo las correspondientes quejas ante lo que consideran un “atropello cometido por el Gobierno canario” contra un colectivo de 3.300 personas, en función de su vínculo contractual con la administración (personal laboral indefinido y temporal y funcionarios interinos), muchos de ellos con sueldos entre 600 y 1.000 euros.
Los trabajadores piden al Diputado del Común y al Defensor del Pueblo que eleven al Tribunal Constitucional “la inconstitucionalidad de la Disposición adicional Quincuagésimo Séptima de la Ley 10/2012 de Presupuestos para el año 2013 de la Comunidad Autónoma de Canarias, para que la modificación sustancial de las condiciones de trabajo sea declarada nula o improcedente, reponiendo la jornada a tiempo completo y salario al trabajador”.
En la queja se detalla que “nada justifica de forma objetiva y razonable el trato doblemente desigual del que es objeto el colectivo afectado”. La plataforma recuerda que el recorte salarial y de jornada no se aplica a todos los empleados públicos de la Administración autonómica, y que además, a su vez, tampoco afecta a todos los trabajadores públicos no fijos, dejando fuera de la medida varios departamentos y servicios.
Los afectados consideran que se ha llevado a cabo una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de estos tres mil empleados públicos, “vulnerando el derecho fundamental a la igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española, al discriminar a Ios funcionarios interinos y al personal laboral indefinido y temporal, en función de su vínculo laboral con la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias”.
Asimismo, señalan que la medida vulnera la Directiva 1999/70/CE del Consejo de las Comunidades Europeas, que en su cláusula cuarta establece que “por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fajos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas”.
Desde un punto de vista formal, la plataforma denuncia que se han impuesto las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo (jornada de trabajo, horario, distribución del tiempo de trabajo y cuantía salarial) “sin seguir los trámites legalmente previstos para ello en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores”, utilizando una vía jurídica, la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2013, “que no está naturalmente destinada a esa finalidad”.
