Conflicto colectivo de los sindicatos en LPGC
Las secciones sindicales de CSI-F, UGT e IC en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria interpusieron el pasado jueves una demanda de conflicto colectivo en el Juzgado de lo Social de la capital contra la suspensión de pactos, acuerdos y convenios aprobada por la Junta de Gobierno del pasado 27 de diciembre.
En un comunicado emitido este lunes, los representantes de los trabajadores municipales precisan que la demanda incluye todos los pactos que afectan a “la generalidad del personal”, como el acuerdo sobre el complemento de incompatibilidad, los premios a la permanencia y a la jubilación o las ayudas médicas y para estudios.
CSI-F, UGT e IC, todos con representación en el Comité de Empresa, consideran que la decisión adoptada por el grupo de Gobierno del PP es “política y no económica”. Así, señalan que el plan de ajuste del Ayuntamiento para 2013 determinaba que el recorte en el Capítulo 1 ?de personal- era de 2.250.000 euros, pero que, sin embargo, en las normas de elaboración del presupuesto para este año, la reducción final asciende, “sin ninguna motivación”, a 5 millones de euros.
Los sindicatos recuerdan que las cuentas para este ejercicio contemplan la creación de “41 plazas de agentes de movilidad, 41 plazas de Policía, 11 de técnicos de Administración General, 11 de técnico de grado medio, 5 de técnico de gestión superior, 4 de administrativo, 4 de auxiliar administrativo y 3 de comisario de Policía”, con un coste de 1,78 millones de euros.
Los demandantes exponen también que el importe presupuestado en plazas vacantes es “de 3,35 millones de euros en el Presupuesto de sociedades, y de 7,3 millones en el Presupuesto con sociedades y, en su mayoría, no podrán ser convocadas durante este año”. Por otro lado, remarcan que el presupuesto se aprueba con un superávit de 7,48 millones de euros.
Según los sindicatos, estas cifras contradicen el argumento esgrimido por el Ayuntamiento para suspender los pactos y convenios, el de encontrarse ante una situación excepcional de causa grave de interés público derivada de una alteración de las circunstancias económicas.
