El Consejo Social de LPGC, un “paripé”
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria califica al Consejo Social de la ciudad como el máximo órgano consultivo de participación capitalina. Sin embargo, las sesiones cuentan con una alta representación política que sigue la disciplina de partido a la hora de votar los asuntos elevados a los plenos, que según han denunciado representantes sindicales y vecinales a Canarias Ahora se han convertido en un mero trámite informativo.
El Consejo Social capitalino comenzó a funcionar en 2008 con voluntad de aplicar la Constitución Española, que dispone el deber de los poderes públicos de facilitar la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, conjuntamente con el derecho de éstos a participar en la gestión de los asuntos públicos. Además de aplicar la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, que en la redacción de 2003, de medidas para la modernización del gobierno local, establece la obligatoriedad de crear un Consejo integrado por representantes de organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas.
La presidenta de la asociación de vecinos Avecalta, María de los Ángeles Sánchez, que acude con asiduidad a los plenos del organismo, denuncia que las demandas y recomendaciones realizadas ante el anterior y presente alcalde, el socialista Jerónimo Saavedra y el popular Juan José Cardona, respectivamente, no tienen reflejo “en absoluto” en las decisiones adoptadas por el Gobierno municipal.
El concejal de Nueva Canarias (NC), Eduardo Ramírez, formación que este año no cuenta con representación en el Consejo al compartirla con Compromiso Por Gran Canaria, sentencia que “no es una participación real” y que los ciudadanos “no tienen voz”. Para Ramírez, las sesiones terminan convirtiéndose en una mera reproducción de las celebradas en las Casas Consistoriales y “se hace un paripé para aprobar lo que toque, pero no es un órgano de participación real, ni sus aportaciones sirven absolutamente para nada”.
El representante de Comisiones Obreras (CC.OO) en el Consejo, Antonio Pérez, que considera que el organismo “en ocasiones sí sirve”, señala dos fases en la evolución del mismo: la de su constitución, con la socialista Magüi Blanco al frente, cuando “se le daba mucha importancia” y la presente etapa, que cuenta con menos convocatorias.
Al respecto, recuerda que durante el anterior mandato las reuniones se convocaban cada dos meses, pero desde la llegada del PP se celebran “dos o tres” plenos al año y no se cita a la permanente para preparar los mismos. “No estamos tanto para tener una participación constructiva, sino más bien para escuchar al Ayuntamiento. No hay una intención clara de contar con los sectores sociales para construir una propuesta”, apostilla.
Mayoría gobernante
Sánchez recuerda que poco después de que Saavedra lo pusiera en marcha, el carácter meramente consultivo del Consejo hizo que no cumpliera con las expectativas y afirma que “desde el primer momento reivindicamos unos presupuestos participativos”, algo que a su juicio, no interesa ni al Partido Popular (PP), ni al Partido Socialista (PSC). Asimismo, asegura que el núcleo más numeroso que compone las sesiones los forman representantes políticos, en su mayoría afiliados a la formación gobernante.
Para Pérez, la presencia de los ediles filtra la participación de la ciudadanía, que en ocasiones no llega al 50%. Sánchez precisa que en total hay unas 60 personas en el Consejo y a veces los asistentes no llegan a la veintena mínima exigible, porque “no hay una cultura de participación en nuestro pueblo” y reciben la información a debatir con apenas 48 horas de antelación. “En ocasiones no aparecen representantes de colegios profesionales ni empresarios que sólo consideran esto como un trámite”, lamenta.
Unos sitios libres que, según explica Ramírez, se cubren porque “asisten los concejales del Grupo de Gobierno”.En este punto, explica que “por desgracia, ningún partido político monta órganos paralelos de participación si no los controla, las mayorías son las mismas que hay en el pleno del Ayuntamiento para no tener problemas en sacar sus iniciativas”.
La presidenta de la Asociación Vecinal exige una reforma del reglamento, que derive en que las propuestas elaboradas en el pleno tengan carácter vinculante, además de que disminuya el número de políticos en la sala.
