Negrín desoye a la Fiscalía al elegir a la mesa de contratación para el concurso de informativos
Arbitrariedades hasta el final. El presidente de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Santiago Negrín, parece dispuesto a no ajustarse jamás ni a las normas ni a las apariencias en el concurso para la provisión de servicios informativos de Televisión Canaria: este lunes ha designado a los miembros de la mesa de contratación y para que no quedaran dudas de su sesgo, ha puesto en ella a varios de sus cargos de confianza, empezando por la presidenta, Nieves Rocha, la jefa de Informativos cuyo nombramiento ha cuestionado preliminarmente el Ministerio Fiscal por no haberse observado los principios de publicidad, capacidad y méritos.
En un reciente escrito del fiscal Carlos María Eguiluz, incorporado a una causa que se sigue en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife, el representante del Ministerio Público sostiene que “la selección de personal en el ente público RTVC y en sus sociedades deberá realizarse siempre y en todo caso garantizando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad, mediante las correspondientes pruebas de acceso establecidas y convocadas por la presidencia, precio acuerdo del consejo rector”.
Nieves Rocha forma parte de la nómina de cargos de confianza designados por Santiago Negrín desatendiendo este principio que el fiscal Eguiluz describre con tan aparente contundencia. Pero en la mesa de contratación aparece otra persona designada por la misma vía, la directora de Relaciones Institucionales del ente, Daida Rodríguez. Periodista de profesión, ahora en excedencia, Rodríguez pasa por ser una de las personas de la máxima confianza del presidente de RTVC hasta el punto de haber sido la que, junto al director corporativo, Heriberto Monzón, participó activamente en la elaboración de los pliegos del concurso de informativos puliéndolos hasta el punto de que algunas de las bases dejadas por el que fuera durante décadas jefe de los servicios jurídicos de la casa, Martín Orozco, no se parezcan nada al resultado final.
Heriberto Monzón no formará parte de la mesa de contratación y es inminente su salida de Radiotelevisión Canaria, a donde llegó hace ahora trece meses impuesto desde Presidencia del Gobierno por el viceconsejero de Comunicación, José Luis Méndez. Ambos compartieron staff en Toyota Canarias hasta que este último fue llamado por Fernando Clavijo para ocuparse de la fontanería de la comunicación y las relaciones con los medios informativos. Méndez es el director de RTVC en la sombra.
La marcha del director corporativo abre una brecha entre el equipo directivo y el presidente, aunque se trate de minimizar informando a la prensa que “don Heriberto Monzón informó a la dirección de la empresa en su momento su regreso al sector privado”, en palabras de Daida Rodríguez a requerimiento de este periódico. En el ente se da por sentado que no será la única deserción y que esta tiene relación directa con las presiones que han sufrido varias personas para que accedieran a formar parte de la mesa de contratación de este polémico concurso. El nombre de Monzón ya no aparecía este martes en el organigrama directivo publicado en la web del ente público.
Junto a Rocha y Rodríguez, formarán la mesa de contratación para el concurso de informativos la secretaria del consejo rector, Cristina Duce; Víctor Mendoza, jefe de Ingeniería de TVC; Óscar Fernández Roldán, director de Producción de TVC; Ángel Báez, jefe de Programación y Contenidos de TVC; Reyes González, técnico de Productividad de TVC, y Leticia Rodríguez González, que aparece como “asesora jurídica de Televisión Pública de Canarias, S.A.” No aparece en la mesa ninguna persona con especialidad económica-financiera.
La publicación de la composición de la mesa de contratación para adjudicar el concurso de los servicios informativos de TVC, dotado con 144 millones de euros para los próximos ocho años, se produce tan solo tres días antes de que expire el plazo de presentación de ofertas, lo que obligará a los licitadores a apresurarse si desean impugnar a alguno de los elegidos.
