La corrupción alcanza a un cementerio de SCTF
Ni los cementerios se libran de la sombra de la corrupción. Al menos no el de Santa Lastenia, el camposanto principal de Santa Cruz de Tenerife, cuya gestión y explotación fue concedida por un Pleno del Ayuntamiento en 1994 a Cementerios de Tenerife, S.A. (Cetensa) a cambio de no cobrar la tasa de mantenimiento y hacer obras de mejora y ampliación, lo que según un informe técnico se ha incumplido.
El asunto no es nuevo pero fue puesto sobre la mesa este jueves, en la Comisión de Control, por el concejal de Sí Se Puede, Pedro Fernández Arcila, quien calificó de “pelotazo de libro” la adjudicación del servicio del cementerio a Cetensa, y ello de acuerdo con ese informe que dictó en 2005 el jefe de Servicios Públicos, Tomás Sánchez Peraza.
En ese informe Peraza concluía que no había desequilibrio financiero desfavorable a Cetensa para que se le tuviera que abonar la tasa de mantenimiento, pero esa tasa, que ha sumado un importe superior a los 4,2 millones de euros, ha sido finalmente abonada gracias al Plan de Ajustes aprobado por el Gobierno estatal.
En la Comisión de Control de este jueves, el actual concejal de Servicios Públicos, el nacionalista Dámaso Arteaga, afirmó desconocer no solo las irregularidades plasmadas en el informe, y que han continuado con los años, sino el informe mismo, ya que según dijo, “no está en el expediente”, lo que llamó aún más la atención del concejal de Sí Se Puede, ya que “el informe es de tal gravedad que lo que preguntó es qué va a hacer el grupo del Gobierno”. Finalmente se acordó convocar la comisión de servicios Públicos para analizar este asunto.
Otro de los argumentos de Arteaga es que hubo una auditoria externa posterior que no detectó ninguna irregularidad, y que las tasas de mantenimiento se han pagado tras ganar Cetensa dos sentencias al Ayuntamiento, en las que ejerció como abogado de la empresa Luis Rodríguez Muñoz, cuñado del ex alcalde Miguel Zerolo.
El pliego de condiciones, incumplido
El informe de Pereza, pese al tiempo transcurrido, está de plena actualidad, ya que esas irregularidades denunciadas en el mismo se habrían mantenido. Entre otras, que la adjudicación del servicio del cementerio no podría ser superior “en ningún caso” a los 30 años y, sin embargo, en 1998, el Ayuntamiento le concede a Cetensa por 75 años el derecho real de superficie sobre una parcela municipal, de 2.492,45 metros cuadrados, para ampliación del cementerio y construcción de un tanatorio.
Esa concesión por 45 años más que la adjudicación del servicio, se hizo, justamente, para compensar el pago de las tasas de mantenimiento del camposanto y sus nichos, aunque en el pliego de condiciones por el que se concedió el servicio, las tasas se excluían.
El valor de la parcela se certificó por el secretario municipal en 218.334.316 pesetas,
Pero hay más, porque a Cetensa se le permitía la cesión a terceros del derecho real sobre esa parcela siempre que el Ayuntamiento lo autorizara, lo que no se llevó a cabo, según se señala en el informe técnico, sino que la empresa actuó por su cuenta y firmó un acuerdo de colaboración con Inversiones Funerarias Reunidas, a la que cedió ese derecho sobre la superficie destinada a tanatorio.
Ocho millones de euros en beneficios
Uno de los motivos para adjudicar el servicio de cementerio y pompas fúnebres a Cetensa fue su solvencia técnica para llevar a cabo las obras necesarias, ya que su socio mayoritario era una constructora, MALVAR, S.A., pero esta constructora dejó al poco tiempo de formar parte de la adjudicataria, lo que supone “una pérdida de calidad en las obras que se ejecutan en el cementerio”, que según el técnico municipal, conlleva un desequilibrio económico a favor de la empresa.
Finalmente, las obras para la construcción del Tanatorio recayeron en Jomavaro S.A., que en 2005 contaba como administrador y apoderado mancomunado con Juan Antonio Higueras Rodríguez, quien a su vez era apoderado de Cetensa. Además, Valeriano de Armas Felipe, que era concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento por CC cuando se adjudicó la gestión y explotación de Santa Lastenia a Cetensa, acabó en 1996 como presidente de Jomavaro.
El tanatorio no fue la única obra que Cetensa se comprometió a llevar a cabo. Según el Plan incluido en la plica, entre 1995 y 2005, la empresa tendría que haber invertido en la construcción de 10.000 nichos 9.636.000 euros, pero la realidad es que en ese tiempo solo se construyeron la mitad, por 4.106.612 euros, lo que arroja un saldo a favor de 5.529.388 euros.
A esas inversiones hay que sumar, siempre según la valoración propia de Cetensa (el informe dice que se desconocen los precios del mercado), otros 2.274.133 euros por gastos de mantenimiento, es decir, que en total gastó 6.380.745 euros, cuando en ese periodo de 10 años tuvo unos ingresos de 14 millones de euros, libres de canon, lo que arrojó un saldo a favor de unos 8 millones de euros.
Por ello, el técnico concluyó que no estaba claramente justificado el desequilibrio económico al que aludía Cetensa para cobrar la tasa de mantenimiento, que la empresa estimó en 2005 en cerca de 500.000 euros anuales y que se han saldado recientemente con el pago de 4,2 millones de euros.
