Derechos Sociales pide más personal para gestionar su “escaso presupuesto”

La consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, ha asegurado que, aunque no está satisfecha con las partidas presupuestarias destinadas a sus áreas, considera aún más importante que su departamento pueda contar con más recursos humanos y contratar a personal por urgencia o emergencia social, como pueden hacer las Consejerías de Educación o Sanidad.

Así lo ha dicho este martes Noemí Santana (Podemos) en comisión parlamentaria al exponer el proyecto de presupuesto de su consejería, que crece un 0,8 % con respecto a las partidas de este año para 521 millones de euros totales, un aumento que la oposición ha criticado por considerarlo escaso en unos presupuestos de carácter expansivo y en medio de una crisis sin precedentes.

“Si realmente queremos mejorar en todas las áreas de esta consejería, no podemos hacerlo, y engañaría si dijera que sí, con los recursos de los que disponemos actualmente. Lo más importante no es aumentar los fondos, sino que se puedan gestionar eficaz y eficientemente, y para ello necesitamos personal”, ha reconocido Santana.

La titular del área de Derechos Sociales ha insistido en que su equipo ha hecho esfuerzos por mejorar su dotación económica final, pero también ha añadido que hasta ahora su área padecía un “absoluto” abandono y “muchísimas” deficiencias materiales y humanas tras un adelgazamiento administrativo sistemático.

Santana ha dicho en esa línea que no se sonroja al solicitar ayuda a los grupos parlamentarios para conseguir que su consejería pueda emplear la misma herramienta de contratación de personal por “urgencia y emergencia social” que ya pueden utilizar las áreas de Educación y Sanidad para, entre otros asuntos, descargar de trabajo a un personal que se ha visto desbordado durante la pandemia, según Santana.

Aun así, la consejera ha reivindicado que aplicaron una RPT (Relación de Puestos de Trabajo públicos) “en el cajón” desde el 2013, con la que incorporaron a 20 empleados, ya han iniciado una RPT más profunda, han incorporado asimismo 14 efectivos en Derechos Sociales y se reclutarán 101 trabajadores para aplicar el Plan de Atención a la Dependencia.

Las cuentas autonómicas, según los grupos de la oposición, no prestan dotación alguna a la Ley de Servicios Sociales, que finalmente “desaparece”, ni recogen los 30 millones de euros contra la pobreza y la exclusión social en las islas que el Gobierno central debe transferir al regional.

Santana ha subrayado al respecto que el Gobierno canario ya ha exigido estos fondos al Gobierno de España porque, además, están garantizados por el Régimen Económico y Fiscal (REF) canario: “Me voy a partir la cara por esos fondos. Incluso si es con un ministro de mi partido”, ha garantizado con vehemencia.

La portavoz del grupo nacionalista, Cristina Valido, ha criticado que se adjudiquen 45 millones de euros a la renta ciudadana, una herramienta autonómica que aún no existe (está en trámites interparlamentarios, según Santana) y que los ciudadanos ni siquiera saben cómo solicitar ni qué documentos presentar para ello.

Una renta ciudadana de Canarias que complementará al Ingreso Mínimo Vital (IMV) previsto por el Estado, y que conformará, junto a la Ley de Juventud, los ejes normativos de la consejería durante el próximo año, ha dicho la titular del área.

Sin embargo, Valido ha afeado este diseño presupuestario porque parte de la base de que, de algún modo, el Ejecutivo regional ya puede garantizar que todos los solicitantes del IMV, aún en fase de tramitación, lo cobrarán a su debido tiempo en el 2021, cuando hasta ahora “no está llegando a nadie”, ha incidido.

Valido ha reprochado también que las prestaciones económicas a las personas dependientes bajen un millón de euros, cuando en años anteriores llegaron a crecer 14 millones, que la dotación al Programa Fomento de Inclusión Social descienda un “escandaloso” 39 %, y que las partidas destinadas a igualdad no se detallen y, por lo tanto, sus programas no se puedan comparar con respecto a años anteriores.

Aumentan las dotaciones, eso sí, de la Ley Canaria de Inserción (de 8,6 millones de euros a 12), a las prestaciones básicas de servicios sociales (más de 4 millones), al plan concertado (más de 3 millones, sube un 46 %), a la atención a la dependencia y la discapacidad (6 millones), a igualdad y diversidad (1,4) o las prestaciones para la acogida familiar, entre otras, ha enumerado Santana.

El área de diversidad y juventud crece un 18 % desde el año pasado (más de 3 millones de euros) y el Instituto Canario de Igualdad presenta igualmente un “buen” incremento de casi 10 puntos porcentuales con respecto al ejercicio anterior.

Santana ha destacado en esa línea que la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad alcance los 2,8 millones de euros, 570.000 destinados exclusivamente a la Estrategia de Transición Igualitaria.

Y ha subrayado asimismo que se refuerce con 12 millones de euros la red municipal de servicios sociales, un aspecto importante para el Gobierno porque los ayuntamientos representan la “puerta de entrada” de los usuarios a estos servicios.