Díaz Frías da 10 días a la fiscal para que presente acusación en el 'caso Arona'
El juez instructor de la Operación Edén o Caso Arona, Nelson Díaz Frías, ha dado a la fiscal de la Audiencia Provincial para delitos contra el Medio Ambiente y la Ordenación del Territorio un plazo de 10 días hábiles para que presente su escrito de acusación contra el actual alcalde de Arona, José Alberto González Reverón, y otras 29 personas, entre funcionarios públicos y empresarios.
La fiscal delegada, Inmaculada Violán, tiene así hasta el próximo 18 de septiembre para hacer llegar su acusación al juez de Instrucción número 2 de Arona, que ya emitió un auto el 15 de julio de 2011, con el que cerraba la instrucción y transformaba las diligencias en procedimiento abreviado, por el que consideraba que había indicios suficientes de delito para formular acusación contra González Reverón por delitos de prevaricación urbanística, tráfico de influencias y prevaricación.
También apreció indicios suficientes de delito en los concejales que formaban la junta de Gobierno en Arona de 2003 a 2007, desde la prevaricación urbanística continuada a la malversación de caudales, cohecho, tráfico de influencias, y prevaricación.
Entre los acusados por el juez Díaz Frías figuran también Manuel Barrios (primo del alcalde, y que fue concejal de Recursos Humanos y Seguridad), Daniel Martín, Juan José Alayón, Sebastián Martín, José Luis González Rodríguez y Alfonso Barroso, por prevaricación urbanística continuada, mientras que al que fue concejal de Urbanismo por el PP hasta y 2007 y consejero delegado del Cabildo en el Sur, Félix Sierra, le acusa de prevaricación urbanística, tráfico de influencias y cohecho.
Igualmente formuló acusación contra el arquitecto y el aparejador municipal, Eliseo de la Rosa y Roberto de Luis, respectivamente, por cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. A de Luis le añadió negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.
De la misma forma se han visto involucrados en el Caso Arona otros empleados públicos y empresarios, como Arsenio Zamora, por un posible delito de cohecho y tráfico de influencias. Tanto Zamora, como De la Rosa y De Luis fueron detenidos y estuvieron en prisión provisional por esta causa.
El Caso Arona supuso una ardua investigación de la policía judicial que duró más de tres años. Las escuchas autorizadas por el juez pusieron al descubierto una manera de actuar entre políticos y empresarios, en un entramado estrechamente tejido, que salpicó al propio presidente del Gobierno Paulino Rivero por pedir un trato de favor para una familiar, aunque el favor nunca se llevase a cabo.
Las acusaciones de corrupción urbanística se apoyan en las concesiones de licencias urbanísticas con los informes técnicos en contra, bien porque se trataban de zonas de actuación que no eran catalogadas como solares, o por contravenir el propio Plan General de Ordenación de Arona, o por ir contra el Plan Especial de Ordenación del Turismo de Canarias.
También en el posible cobro de comisiones, perdón de tasas de licencias de obras, y otras irregularidades.
Los recursos de apelación, pendientes
A pesar del plazo dado por el magistrado a la fiscal de la Audiencia Provincial, siguen a la espera de ser resueltos los recursos de apelación presentados por los treinta acusados contra el auto judicial
Las apelaciones deben ser resueltas por la sección VI de la Audiencia, en la que recayeron hace varios meses. Fuentes judiciales explicaron a CANARIAS AHORA que la cantidad de información que alberga el caso Arona u Operación Edén, de más de 80 tomos, impedía una respuesta antes de este mes de septiembre.
La acusación particular pide más de 30 años
Por su parte, y según ha podido saber este periódico, la acusación particular que ejerce el abogado Felipe Campos ha solicitado en su escrito, que ya ha presentado ante el juez Nelson Frías, más de 30 años de prisión para el total de los acusados.
Mientras que para José Alberto González Reverón solicita cinco años de cárcel, para Félix Sierra pide 4,6 años y para Roberto de Luis, otro tanto, mientras que para el resto de la corporación entre 2003 y 2007 pide penas de dos años.
