“El dinero de Sacyr acabó en González y Plasencia”

“Los 54 millones que pagó Sacyr por hacerse con Emmasa fueron a parar a las manos de los vendedores de Las Teresitas, Ignacio González y Antonio Plasencia. Así me lo confesó el anterior alcalde, Miguel Zerolo”. El concejal de Ciudadanos de Santa Cruz, Guillermo Guigou, pronunció estas palabras en la tarde del viernes en el transcurso de la II Mesa del Agua, que contó con la participación de representantes de todos los grupos de la oposición excepto el Partido Popular (PP) y, por supuesto, ninguno de Coalición Canaria (CC) y el PSOE, que conforman la mayoría de gobierno.

La opinión de Guigou tenía relevancia, ya que fue su formación política la que desde 2005 inició una lucha en los tribunales que finalmente ha acabado reconociendo que el proceso para privatizar este servicio es nulo. El anterior alcalde dejó en manos de terceros Emmasa para compensar el desembolso de más de 54 millones que realizó para comprar el frente de las Teresitas.

Pese al triunfo de su partido en los tribunales, el concejal se mostró pesimista sobre el hecho de que el agua vuelva a ser de titularidad pública. Y es más, cree que el Partido Socialista Canario-PSOE, que en la oposición defendía estas mismas posiciones, ahora apoyará que el servicio siga en manos privadas.

También dijo que dentro de las filas del PP, “habrá alguna que otra persona que en su momento votó a favor de la privatización”, en referencia a la entonces y todavía concejal, Cristina Tavío. Guigou mostró una opinión muy negativa sobre la gestión que ha desarrollado Sacyr durante estos ocho años, al ratificar que el precio del agua ha subido un 16% y por el contrario es de peor calidad.

El concejal quiso hacer un llamamiento para que los concejales voten el próximo 20 de julio guiados “por la racionalidad”, aunque no se mostró muy seguro de que así vaya a ocurrir.

Incumplimiento del plan de obras

El representante de Sí se puede, Pedro Arcila, recordó que cuando Sacyr asumió las riendas de la empresa tenía un superávit de 2.000 euros. Sin embargo, en la actualidad el déficit suma los ocho millones, que apenas se paliarán con la previsión de registrar en este ejercicio un incremento de 400.000.

Acusó a la compañía de haber incumplido el plan de obras en el que se comprometió a invertir 10 millones pero del que no se ha gastado “ni uno sólo”. y otra serie de obligaciones también han supuesto que la ciudad haya dejado de recibir 45 millones. Por todo ello, indicó que haber dejado este servicio en manos de una empresa sin experiencia en la gestión del agua traerá consigo que cuando se agote el período de concesión las pérdidas podrán haber alcanzado los 245 millones.

Pero además, la ciudad se encontrará con un servicio en el que no se han llevado a cabo las inversiones suficientes para garantizar su prestación en las mejores condiciones posibles.

“Avalancha de escritos” para saturar los tribunales

Entre los problemas a los que se enfrenta Santa Cruz está la falta de depuración del agua, lo que hace que diariamente se viertan 20.000 metros cúbicos en La Hondura.

La denuncia presentada en su día por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) se encuentra en estos momentos totalmente atascada por la cantidad de recursos que ha presentado la compañía, que no repara en gastos para su defensa jurídica.Hasta el punto de contar en su gabinete de abogados con magistrados en excedencia: “La fiscal me ha dicho que cada vez que dan un paso se encuentran con una avalancha de escritos”.

También criticó Arcila la subcontrataciones a empresas del mismo grupo que se han llevado a cabo sin seguir el procedimiento establecido y a las que se pasan facturas “abultadas” para poder registrar luego beneficios. Una actuación que bajo su punto de vista podría tener repercusiones, incluso penales.

El abogado de Izquierda Unida Canaria (IUC), José Pérez Ventura, apostó por llevar a cabo una auditoría en la empresa tanto económica como entre la ciudadanía para que los vecinos decidan lo qué quieren hacer con este servicio. Considera que existe la posibilidad de recuperar la prestación a coste cero para la ciudad simplemente procediendo a resolver el contrato, una vez que se prueben las irregularidades en las que ha incurrido la empresa.

En estos momentos se ha impuesto una sanción de 450.000 euros pero todos los presentes consideraron que esta cantidad es insuficiente y que se debería ser más contundente con Sacyr-Vallehermoso.