Los empresarios arremeten contra Soria
La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) observa con “suma preocupación” el proyecto reforma del sector eléctrico en las islas impulsado por el Gobierno central, porque cree que “compromete la seguridad del suministro” e introduce “dosis inasumibles de inseguridad jurídica”.
En el caso de Canarias, la reforma del sector energético en los territorios extrapeninsulares incluye medidas como la de limitar las inversiones en generación a aquellos operadores que ya tienen una cuota superior al 40% y traslada la gestión de las centrales hidroeléctricas de bombeo y de las plantas regasificadoras a Red Eléctrica de España y Enagás, respectivamente.
Todas esas medidas impactan sobre Endesa, principal operador de Canarias, que se vería fuera de la gestión de las futuras plantas regasificadoras del archipiélago (proyecto en el que participaba) y se quedaría al margen de una obra que el Cabildo de Gran Canaria le había adjudicado en concurso público, la central de Chira-Soria.
La patronal de la provincia de Las Palmas advierte de que “los intentos de incrementar la competencia en los mercados a partir de procedimientos de expropiación forzosa, o la suspensión de derechos otorgados en concurso público, introduce dosis inasumibles de inseguridad jurídica”, con el resultado de poner en “riesgo la viabilidad de costosas inversiones” y desincentivar “la inversión en infraestructuras de generación eléctrica en las islas”.
La CCE no menciona el nombre de Endesa, pero sí subraya que la decisión del Gobierno puede suponer “la paralización indefinida de proyectos vanguardistas y ecosostenibles internacionalmente reconocidos”, como las centrales hidroeléctricas de bombeo de Gorona del Viento, en El Hierro (participada por la eléctrica en un 30 %), y de las presas de Chira-Soria, en Gran Canaria.
Los empresarios de Las Palmas dicen que les preocupa “el futuro del sistema eléctrico canario” y la “inseguridad jurídica” que la reforma impulsada por el Ministerio de Industria puede generar, con el riesgo de que se paralicen “inversiones ya iniciadas por un coste que superan los 300 millones de euros, al modificarse sin previo aviso las condiciones” o plantearse “expropiaciones forzosas de derechos consolidados en su momento en concurso público”.
“Este tipo de actuaciones dejan al sector eléctrico canario en una situación muy comprometida, y por ende, ponen en peligro la garantía de suministro eléctrico en un territorio especialmente frágil como el canario”, añade la CCE.
La patronal coincide además con Endesa en que transferir a Red Eléctrica de España la gestión de las centrales hidroeléctricas de bombeo puede vulnerar la legislación española y comunitaria. En este sentido, defiende que el ordenamiento jurídico no permite que “el mismo operador asuma la regulación, el transporte y la generación de energía”.
La CCE precisa que los empresarios de Las Palmas ofrecen “su más firme apoyo” a que se fomente la competencia, pero también opinan que “no pueden acometerse cambios estructurales de este calado sin la necesaria reflexión, participación y debate de los agentes políticos, económicos y sociales del archipiélago”.
