Empresarios de distribución avisan que el impuesto para grandes superficies podría hacer desaparecer centros en Canarias
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 6 (EUROPA PRESS)
El secretario general de la Asociación de medianas, grandes empresas de distribución, Asodiscan, Álvaro Rojas, ha advertido este miércoles de que el nuevo impuesto que prevé sacar adelante el Gobierno canario para grandes superficies podría hacer desaparecer centros en Canarias.
En concreto, el tributo que el Ejecutivo autónomo espera sacar adelante para recaudar más dinero, implicaría que los comercios de hasta 3.000 metros cuadrados aporten una cuota de 9.000 euros, elevándose esta hasta los 31.000 euros para los que tienen 5.000 metros cuadrados, mientras quienes alcancen los 10.000 metros cuadrados estaría en los 96.000 euros.
Ante estas cantidades, Rojas aseguraba que la cifra de personal que pueden perder sus puestos de trabajos podría superar los 1.000 empleos, ya que al ser cuestionado si se alcanzaría este dato, indicó que lo mismo se quedan corto.
“Igual nos quedamos hasta corto porque hay determinados establecimientos que con el tipo de gravamen sobre el metro cuadrado, pueden que algunos centros no sean viables”, apuntilló en declaraciones a los medios.
Y es que, agregó, el sector del comercio está siendo “uno de los más lastrado” en la crisis actual y aunque “hasta ahora se ha mantenido la estabilidad” en el empleo remarcó que, “sin duda alguna, lo desproporcionado del impuesto que tiene previsto aplicar el Gobierno de Canarias hace pensar que determinados establecimientos ven peligrar su viabilidad”.
A este respecto, agregó, que cuando se analiza la cuenta de resultado de cualquier empresa o establecimiento “si tu resultados no son los que prevés hay que ajustar y una de las partidas más importantes en cualquier empresa es la de personal y evidentemente esta se van a ver afectada si el impuesto continúa con el tipo tan elevado” que prevé aplicar el Ejecutivo autónomo.
Por ello, a fin de evitar despidos, Rojas reconoció que los servicios jurídicos de las empresas que se verán afectadas trabajan para interponer recursos con el objetivo de que, al menos, se paralice la aplicación del impuesto, si éste finalmente se aprueba.
Finalmente, reconoció que hay otras comunidades autónomas donde también hay proyectos como el de dicho impuesto y “están recurridas pero llevan cinco o seis años” en los tribunales.
