Equo define como “exportable” el pacto del PSOE con Podemos en los ayuntamientos

El eurodiputado por Compromís-Equo Jordi Sebastià considera que el pacto de gobierno alcanzado entre el PSOE, Podemos y Compromís en varias instituciones españolas tras las elecciones locales y autonómicas, es “un modelo exportable” a nivel estatal.

Esa posibilidad “parece un tabú” cuando se plantea como forma de gobierno estatal, sin tener en cuenta que el PSOE, el PP y los liberales gobiernan juntos en la UE, por lo que la supuesta distancia entre esos partidos para alcanzar un acuerdo de gobierno nacional “es estratégica” de cara a sus respectivos electorados, según Sebastià, quien este jueves ha ofrecido una rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria.

El eurodiputado ha criticado que se mencione la estabilidad como “una palabra mágica” cuando ha habido comunidades autónomas, como la valenciana, donde el PP ha gobernado de manera estable y muchos de sus representantes están inmersos en procesos de corrupción, por lo que la estabilidad debe ir acompañada de políticas a favor de los ciudadanos.

Sebastiá se ha referido también a las posibilidades de las energías renovables en Canarias y ha destacado la importancia de lograr la independencia energética en el archipiélago, donde “hay grandes posibilidades de viento y de sol”.

Asimismo, ha indicado que, probablemente, la UE falle a favor de los productores de energía fotovoltaica que denunciaron al Gobierno español por modificar las condiciones establecidas inicialmente.

El representante de Compromís-Equo ha recordado que el Gobierno publicó en el Boletín Oficial del Estado unas condiciones económicas para la producción fotovoltaica que más tarde varió, lo que supone “una estafa”, pues se cambiaron las reglas de juego que se habían adoptado.

“Todo apunta a que habrá una sentencia condenatoria” por la que el Estado español deberá indemnizar a los productores, ha considerado Sebastià.

El eurodiputado ha recordado que su partido hizo varias preguntas a la UE sobre si se respetaba la legislación medioambiental en las prospecciones petrolíferas en aguas próximas a Canarias, a lo que Europa contestó de manera “ambigua” diciendo que, hasta que no se iniciasen, no se podía saber con exactitud.