Hasta 300.000 euros en comisiones al PIL

El auto de la jueza Lucía Barrancos, que levanta el secreto de sumario de la pieza que gira en torno a la posible financiación ilegal del PIL, revela que los implicados se dedicaban a cobrar comisiones a empresarios para adoptar decisiones en su favor o para adelantarles el pago de deudas. Se detallan hasta 18 casos distintos y en diez de ellos se concretan las cantidades, que llegan hasta los 300.000 euros.

El dinero se exigía, principalmente, por dos conceptos: por adelantar el pago de los trabajos ya realizados o por adjudicar contratos con la Administración, también a través de dos métodos: mediante el uso de información privilegiada para poder ganar el concurso municipal o mediante el fraccionamiento de contratos “con el objeto de disminuir la cuantía de los mismos y eludir así el cumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público en cuanto a las garantías legalmente exigidas de publicidad, procedimiento y forma”.

Señala la juez en el auto que “estos hechos, por la reiteración de los mismos y por la coincidencia en las personas implicadas permiten vislumbrar que la trama corrupta investigada podría haber tenido como objeto la creación de todo un 'sistema paralelo' a través del cual, sobre la base del enriquecimiento de sus integrantes, el favorecimiento de sus intereses y de sus relaciones, se habrían adjudicado contratos, se habría empleado a trabajadores, se habrían concedido licencias al margen de todo procedimiento legalmente establecido y se habrían consentido un variado tipo de irregularidades”, además del intento de adjudicación del Plan General de Arrecife al margen de todo procedimiento legal.

Entre las cantidades que se detallan, están los 95.000 euros que pagó José Antonio Castellano, que había realizado servicios de limpieza para el Ayuntamiento de Arrecife. Ese pago, vigilado por agentes de la UCO, ya que el empresario lo había denunciado, dio lugar a las primeras detenciones de la operación Unión. El resto de cantidades son mucho menores. Se hace referencia a 2.000 euros por parte de Antoni Gómez Ruiz para que se le adelantaran pagos por obras. Gómez declaró que el dinero era para la financiación del PIL.

También se detallan 9.000 euros de Demetrio Rodríguez, de Lanzagrava, por la adjudicación de obras en el Plan de barrios. De ese plan también se investiga la adjudicación de una obra a la empresa ENAC, del ingeniero, trabajador del Cabildo y ex gerente del Consorcio del Agua, Antonio Cárdenas, que podría haber obtenido el contrato gracias a que consiguió información privilegiada sobre las ofertas de los otros empresarios, bien a través de Rafael Arrocha, jefe de la oficina técnica o de la jefa de contratación municipal, Elena Martín, hija de Dimas Martín. En un caso similar se encontraría José Luis Torres, de Torres CL, que habría ganado varias obras del Plan E.

No se detalla la cantidad que podría haber entregado Jesús Manuel Martín Brito, de Infogelan, para adelantarle el pago de trabajos ya realizados a la concejalía de parques y jardines, pero sí que pudieron intervenir en el cobro hasta cuatro concejales: Ubaldo Becerra, José Miguel Rodríguez, Luisa Blanco y Antonio Machín. Este último también podría haber participado en otros dos expedientes, el relacionado con una obra pare Rehabilitaciones y Construcciones Sanabria, de Daniel Yeray Cañada e irregularidades con la revista Viva Lanzarote.

María José Docal

Además aparece en el auto el dueño de Tecnosound, Eduardo Ferrer, por la organización de un festival de música en 2007 y 2008 (probablemente se refiere al Festival Malpaís). En este caso dice la jueza que Matías Curbelo habría procedido a negociar con el empresario la adjudicación del festival “al margen de todo procedimiento legalmente establecido en cuanto a la forma y a la publicidad requerida”, siguiendo las órdenes de María José Docal Serrano y, en última instancia, de Dimas Martín Martín. “Dicha adjudicación se habría realizado con una facturación desproporcionada de manera que el sobrecoste del servicio prestado, que habría alcanzado el 50% de su valor, habría sido abonado por el empresario, en concepto de comisión ilegal a los facilitadores del mismo, principalmente a Dimas Martín Martín y su entorno familiar”, señala el auto.

La expresidenta del Cabildo y actual consejera, María José Docal, también aparece relacionada con otro caso, relacionado con Francisco Armas, de Horinsa, que habrá entregado 9.000 euros para que se le adjudicasen obras de reasfaltado. Con parte de esa cantidad se habría pagado un tratamiento médico para Docal en la Clínica Ruber de 2.119 euros y el resto habría ido a parar a Dimas Martín.

En Yaiza

Uno de los casos no tiene relación con Arrecife, sino con Yaiza, donde también gobernaba el PIL. Se habla de la aceptación de una comisión por parte de Jorge Álvarez, de la empresa Clusa, para conseguir “una concesión para la retirada de basuras aprovechando que la contrata del momento estaba en huelga”.

En otros dos casos no se especifica el destino del dinero pero se habla de la entrega mensual de sobres con 3.000 euros, durante seis meses del año 2007, de los que 500 pertenecían al pago de la empresa Naos Iluminación, de Pedro Rodríguez, y 2.500 a Herederos de Juan Acuña, de Juan Jesús Acuña Borges.

Finalmente en otros tres casos se indica que los pagos sirvieron para la financiación ilegal del PIL. Se trataría de pagos hechos por Samuel Lemes, de Samyr, de 2.000 euros, Giñés Parrilla, de J. Parrilla, de hasta 18.000 euros y Manuel Arbelo, de Ferreterías Tinguatón, con otros 6.000 euros, a los que hay que sumar los 120.000 euros que es especifican que pagó Juan Francisco Rosa en dos campañas.