“Expediente reservado” para el ex viceconsejero autonómico Adrián Mendoza por presunta violación de la Ley de Incompatibilidades

El Gobierno de Canarias ha abierto un “expediente reservado” a Adrián Mendoza, exviceconsejero de Industria, Energía y Comercio, por una posible vulneración de la Ley de Incompatibilidades tras fundar una empresa relacionada con la energía en julio de 2018, siete meses después de ser cesado “por motivos personales” de un cargo que había compatibilizado durante dieciséis meses con su puesto de administrador de una sociedad privada en la misma área porque, según alegó, se había olvidado.

“Como mínimo, esto no tiene buena pinta”, dijo en el pleno del Parlamento el diputado del PSOE Gustavo Matos al consejero de Industria, Pedro Ortega, y se preguntó por “el clima” de impunidad que debe reinar para que el segundo de la Consejería monte una empresa o se mantenga administrando una sociedad privada desde un cargo público, con lo que no se sabe si defienden el interés público o el de sus clientes.

Ortega, que compareció para aclarar este caso, dijo que en cuanto supo de la creación de la empresa por parte de Mendoza a los siete meses de su cese se lo comunicó a la Consejería de Presidencia, competente en el ámbito de las incompatibilidades, tras lo cual la Dirección General de Modernización e Igualdad ha abierto un expediente reservado.

En cuanto a la sociedad anterior de la que era administrador mientras ejercía como viceconsejero, Pedro Ortega dijo que Mendoza le comunicó que era una empresa “inoperativa”, que se había “olvidado” de ella y que en cuanto se supo “renunció formalmente” a su administración.

“Se ha obrado con transparencia, cordura y sentido común” al conocerse los hechos por los medios de comunicación, los cuales han sido admitidos por Mendoza, señaló el consejero.

Pedro Ortega confió en que el asunto se aclare y quede pronto “en el pasado” para que no se mezcle este caso con el próximo debate parlamentario de la nueva ley de altos cargos, en la que el consejero defiende que “las personas tienen derecho a volver a donde estaban” tras acabar su responsabilidad pública.

Sin embargo, el socialista Gustavo Matos hizo hincapié en que este “grave” caso viene a coincidir precisamente con el proyecto de ley de altos cargos, con el que el Gobierno de Canarias quiere “permitir la incorporación a la actividad privada al día siguiente de cesar”.

Matos excusó al consejero de responsabilidad porque, según el diputado del PSOE, a Mendoza, “un viejo conocido de CC que ha entrado y salido de la empresa privada al gobierno durante los últimos diez años”, se lo puso de viceconsejero el partido, algo que Pedro Ortega negó.

“Es sorprendente y llamativa la temeridad y el atrevimiento del viceconsejero”, que anteriormente había sido director general de Industria, y quien además constituyó su nueva empresa, Belenus Energy SL, junto a Gerardo Morales, exconsejero delegado de la empresa pública Sodecan. Ambos situaron la sede de la empresa en un espacio de “coworking” financiado por Sodecan.

Matos consideró que “nadie desea la muerte civil de nadie” cuando dejan un alto cargo, pero tiene que haber controles porque “esas llamadas de teléfono, esas relaciones privilegiadas, esa información privilegiada” sitúan a la empresa del exviceconsejero con una ventaja competitiva frente a otras del sector.

Pedro Ortega dijo que esto se supo a primeros de octubre por los medios de comunicación y ya hay “actuaciones previas reservadas” para un eventual expediente sancionador por infracción del régimen de incompatibilidades, por lo que se ha actuado muy rápido.

El consejero aseguró que Mendoza cesó del cargo por motivos personales, corroboró que era parte de su equipo y por tanto lo asume “con todas las consecuencias” y argumentó que le demostró que la empresa que administraba no tenía actividad y que por tanto su permanencia pudo ser debida a “un descuido”.

La diputada del PP Luz Reverón opinó que el caso es alarmante y que al ser el exviceconsejero licenciado en derecho hay que presumir que conocía su situación de incompatibilidad, por lo que no se puede “mirar para otro lado”.

Concepción Monzón, de Podemos, consideró que a la vista de este caso es urgente aprobar la nueva ley de altos cargos, mientras que Esther González, de Nueva Canarias, lamentó que no se actuara ni se abriera ningún expediente cuando el Gobierno supo que Mendoza administraba una sociedad a la vez que se desempeñaba como viceconsejero.

Jesús Ramos Chinea, de ASG, dijo que su grupo no cree que Mendoza “se haya lucrado”, pero pidió que se actúe con transparencia y aplicando la ley.