Un ex alto cargo canario de Industria incumple la ley al crear una empresa de energía a los siete meses de su cese

Cesó en diciembre como viceconsejero regional de Industria, Energía y Comercio y a los siete meses ya operaba con una sociedad limitada dedicada a la producción de energía eléctrica. Adrián Mendoza fue hasta la Navidad pasada la mano derecha del consejero regional de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega, pero a lo pocos meses se dejaba ver en foros y ferias de energías y renovables, con su tarjeta de presentación de la mercantil Belenus Energy SL. 

El exviceconsejero de Industria incumple “completamente” la Ley 3/1997, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la Comunidad Autónoma, según han explicado a Canarias Ahora expertos en Función Pública, a raíz de que Diario de Avisos publicara que Adrián Mendoza tiene una empresa de renovables. El exconsejero, sin embargo, no lo tiene tan claro: en esas jornadas y foros respondía que no incurría en incompatibilidad a quienes le preguntaban por su presencia en nombre de una empresa privada de su mismo sector público. 

Y así mismo lo ha manifestado al periódico tinerfeño, cuando se le ha cuestionado por su nombramiento como administrador solidario de esa sociedad. “Lo he comprobado y es compatible porque no tiene que ver con temas que yo haya tratado de proyectos y expedientes”, ha dicho. Obviamente, es temporalmente imposible que lo haya hecho, si dimitió el 24 de diciembre “por razones personales”, según se informó, y registró la empresa siete meses después. 

La mercantil es Belenus Energy SL, creada el 31 de julio, junto al ex consejero delegado de la empresa pública Sodecan Gerardo Morales, para la “producción de energía eléctrica de otros tipos. Instalaciones eléctricas. El asesoramiento, desarrollo, financiación, tenencia, construcción, promoción, mantenimiento, explotación y titularidad de instalaciones de generación y venta de energía”. Morales Hierro dejó en diciembre de 2015 esa empresa de la Comunidad Autónoma dedicada a facilitar financiación para proyectos innovadores. 

Y la incompatibilidad temporal de dos años figura en el artículo 5.3 de la Ley 3/1997: “Quienes hubiesen desempeñado un alto cargo no podrán, durante los dos años siguientes a la fecha del cese, intervenir, por sí o mediante apoderamiento, en la tramitación, ejecución o impugnación de expedientes concretos sobre los que haya dictado resolución el órgano, unipersonal o colegiado, del que hayan sido titulares, ni participar en el capital de empresas mercantiles o industriales cuya regulación o control haya dependido del alto cargo”. 

Es precisamente esa “regulación o control” de una mercantil dedicada a la producción de energía mediante renovables lo que imposibilita que Mendoza pueda operar con su SL sin incumplir la ley. Casos diferentes en la administración pública son las peticiones de compatibilidad de altos cargos para trabajar en el sector privado de su mismo campo público, siempre y cuando estos no hayan tramitado proyectos o expedientes de la empresa por la que fichen. 

En el caso del exviceconsejero, las fuentes consultadas explican que dirigía el órgano competente en materia reguladora y de control, como indica el 5.3 de la Ley, de producción de energía, de autorizaciones para renovables o de inspecciones para comprobar el cumplimiento de los proyectos presentados. 

Es más, la referida Ley 3/1997 que incumple en su artículo 5.3 el exviceconsejero desarrolla en el artículo 8 la obligatoriedad de solicitar autorizaciones previas para este tipo de actividades profesionales, y en su artículo 9 determina que la norma afecta tanto al alto cargo durante el ejercicio de sus funciones como tras su cese, cuando queda sujeto a la incompatibilidad general durante dos años. 

En la misma norma, el artículo 15 señala como infracción grave la inobservancia del deber de abstención, y en el 17 y 18 apunta las sanciones, como el cese y la imposibilidad de poder ser nombrados altos cargos durante tres años. Los expertos consultados consideran que este ley canaria contiene demasiados “claroscuros” entre el alto cargo en el ejercicio de sus funciones y cuando ya ha cesado, a diferencia de la ley estatal, que engloba claramente ambos periodos. 

El caso de Adrián Mendoza ya ha saltado al Parlamento de Canarias, donde los grupos de la oposición al gobierno en minoría de Coalición Canaria han pedido la comparecencia del consejero Pedro Ortega. Mendoza mantiene que su actividad es compatible porque “podía haber puesto a Pepito, Juanito o mi mujer como socios, pero si lo hago yo, lo hago yo, a pecho descubierto”. 

Entre los grupos de la oposición, según recoge también Diario de Avisos, que ya han pedido la comparecencia del consejero, el socialista Gustavo Matos avanzó que ya han solicitado la documentación para saber si la empresa de Mendoza ha tenido tratos con el Gobierno, o “si ha podido estar interviniendo en el mercado para el que estuvo legislando”. 

La portavoz del PP, Australia Navarro, dijo que su partido “va a interesarse por este asunto”, mientras que la secretaria general de Podemos, Noemí Santana, calificó a Coalición Canaria de “agencia de colocación, de negocios y chanchullos”.