Se extiende la aplicación de la Transparencia
La Ley canaria de Transparencia, con la que el Gobierno de Canarias quiere ponerse a la vanguardia española en la lucha contra la opacidad de la información pública, será de aplicación no sólo a la Administración pública, empresas y fundaciones, sino también a la Cámara regional, los cabildos y ayuntamientos.
Así lo ha confirmado el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, al afirmar que el Gobierno aspira “a que sea una ley amplia, que afecte a todas las instituciones de la comunidad autónoma, llegando a ser extensible a las corporaciones locales y al Parlamento, bien por la vía de introducirlo en el texto o bien modificando el Reglamento” de la propia Cámara regional.
El objetivo de este texto, que se tramitará en Canarias en paralelo al que el Ejecutivo de España debatirá en las Cortes, es “acabar con cualquier tipo de opacidad y que los ciudadanos tengan información fluida de todos los sueldos, los contratos, las adjudicaciones, los convenios, los proyectos de ley, los decretos, la ejecución presupuestaria” y cualquier otro destino de todos y cada uno de los céntimos de dinero público que maneja la Comunidad Autónoma.
Participación social
Un texto que además, estará abierto a la sociedad canaria, pues se va a abrir un cauce de participación para que los canarios puedan participar en su elaboración.
Y con esa voluntad, Spínola se ha reunido con los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios, Australia Navarro (PP), José Miguel Barragán (CC-PNC-CCN), Manuel Fajardo (PSC) y Román Rodríguez (Mixto), en la que también participó el director general de Relaciones Institucionales, Participación Ciudadana y Juventud, Teófilo González.
“Estamos en el inicio de un proceso ambicioso en el que queremos contar con la participación política pero también con la de la sociedad civil y otras instituciones como fundaciones, asociaciones y universidades”, ha afirmado el consejero.
En palabras de Fajardo, se trata de “crear una ley para los ciudadanos y que va a nacer de los ciudadanos”.
La totalidad de los portavoces han apoyado la iniciativa del Ejecutivo regional de, “en unos momentos de desafección” hacia la política por parte de los ciudadanos, abordar una Ley de Transparencia, cuyo único límite, como recordó Román Rodríguez, será “la Ley de Protección de Datos”, pues “todo lo demás debe estar disponible para los ciudadanos”.
