La fiscal pide abrir una nueva pieza contra Fernández Camero
La Fiscalía de Las Palmas ha solicitado, en el escrito en el que se pedía el archivo de las actuaciones contra once empresarios acusados de cohecho dentro del procedimiento que se sigue en el Juzgado número 2 de Arrecife que investiga la concesión de licencias ilegales en Yaiza, que se abra una pieza separada por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
Esa pieza se abriría contra el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el secretario Vicente Bartolomé Fuentes y el abogado y ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero, por los pagos realizados por parte del Ayuntamiento a Camero entre 1996 y 2008. Considera la Fiscalía que no puede emitirse en este momento un pronunciamiento definitivo sobre la existencia de indicios suficientes para sostener una eventual acusación pero tampoco para pedir el sobreseimiento porque entiende que es necesario practicar diferentes diligencias.
Desde que se inició el procedimiento, en 2006 el Juzgado investiga el papel de Fernández Camero en la concesión de licencias ilegales en Yaiza. Se le imputó por un delito contra la ordenación del territorio (para el que se ahora se pide el archivo) por presunto inductor de esa concesión de licencias, ya que se consideraba que asesoraba urbanísticamente al Ayuntamiento, dado que el Consistorio carecía de licenciados en Derecho y Camero era su defensor en sus pleitos contra la Moratoria y sobre las licencias.
Camero cobraba, según el relato del fiscal, en concepto de asesoramiento jurídico, del Ayuntamiento de Yaiza y se corroboró que ese asesoramiento era primordialmente en materia urbanística, especialmente al secretario municipal, al mismo tiempo que defendía los intereses urbanísticos de promotores inmobiliarios que pedían licencias al Ayuntamiento.
El fiscal considera que Fernández Camero desarrolla un papel “cuasiomnipresente” en la pretendida defensa de los intereses jurídicos del Ayuntamiento y de un considerable número de beneficiarios de las licencias (anuladas), así como la defensa en vía penal de algunos promotores, del ex alcalde, el secretario y funcionarios municipales cuando han sido imputados por delitos relacionados con el urbanismo.
Lo que se intenta dilucidar es, si bien Camero era asesor jurídico del Ayuntamiento de Yaiza y dictaba la estrategia a seguir en cuanto a las licencias urbanísticas o, en caso de que no fuera así, cuál era su papel ya que cobraba regularmente desde 1996 y si no ejercía ninguna función complementaria a su participación en los pleitos municipales, se podría dar una malversación de caudales públicos.
Respecto al posible delito contra la ordenación del territorio, según la Fiscalía no se puede sostener su carácter delictivo por mucho que se haya constatado que los argumentos jurídicos de Yaiza y de los promotores son los mismos y que causa suspicacia la estrategia de ocultación de información trascendental y la escasa colaboración del Ayuntamiento al que Camero asesoraba, con los tribunales.
