La Fiscalía estrecha el cerco para aclarar la posible falsificación del PGO en 2009
Marián Franquet, ex concejal socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz, iniciará el próximo día 19 de noviembre como testigo la ronda de declaraciones dentro de las diligencias previas relacionadas con la querella interpuesta por la Fiscalía contra los Delitos del Medio Ambiente por la posible comisión de los delitos contra la ordenación del territorio, falsificación y alteración de documento público, prevaricación y tráfico de influencias en el Plan General de Ordenación (PGO) de la capital tinerfeña.
Franquet declarará en calidad de testigo ante la titular del Juzgado de Instrucción número dos, Juana María Hernández, y la fiscal Inmaculada Violán con el fin de aclarar entre otros extremos, quién le facilitó las distintas copias del PGO que a finales de 2009 circularon por el Ayuntamiento y que tenían entre sí diferencias sustanciales y de calado en su contenido.
Estas versiones nunca contaron con firma digital y tras llegar a manos del abogado de la Plataforma en contra del PGO, Felipe Campos, se presentó la correspondiente denuncia por presunta falsificación documental a raíz de la cual se iniciaron las investigaciones de la Fiscalía.
Precisamente, el primero de los supuestos delitos que estudiará la magistrada, quien también tramitó el caso Mamotreto, será la de alteración de documento público. La comparecencia de Franquet será a las diez de la mañana y en los días siguientes irán desfilando la lista de personas tanto en calidad de testigos como de imputados.
Al respecto, el Juzgado ha remitido a la Gerencia de Urbanismo un oficio para que aclare quién o quiénes tuvieron acceso a las distintas copias en formato digital que entre los días 22 al 27 de diciembre de 2009 circularon por el Ayuntamiento. Entre los posibles nombres que apunta la Fiscalía y que podrían ser llamados a declarar en calidad de imputados está la ex concejal y actual delegada del Gobierno en La Gomera, Luz Reverón, quien dejó las filas de Coalición Canaria (CC) para fichar por el Partido Popular (PP). También ocurre lo propio con el ex secretario del organismo autónomo, Víctor Reyes; el ex gerente, Eduardo Risueño; el secretario del Ayuntamiento, Luis Prieto; o los técnicos Luisa del Toro, Elías Medina y Epifanio Gómez.
Otra querella
A esta querella contra el PGO de Santa Cruz podrán unirse en el futuro otra sobre la pretendida construcción de una urbanización en Costa Cardón en el Suroeste que ha sido en reiteradas ocasiones rechazada por la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) por ir en contra de las directrices del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT). Un asunto que presenta similitudes con lo ocurrido con el caso Varadero de El Rosario en el que ya hay una lista de acusados que encabeza el alcalde, Macario Benítez, y otra más por el elevado número de viviendas que se encuentran en situación de fuera de ordenación.
El grueso de los hechos se remontan a finales del año 2009 y principios de 2010 cuando el Ayuntamiento pretendió aprobar por segunda vez de forma definitiva el PGO y para ello celebró dos sesiones plenarias cuando más arreciaban las protestas en la calle ante la aparición de miles de viviendas situación de fuera de ordenación. Ya en 2011 cuando el ex alcalde, Miguel Zerolo, intentó sacar adelante el planeamiento de forma apresurada antes de las elecciones las copias que se remitieron a la Cotmac aparecían con firma digital.
La denuncia por falsificación documental que ahora se comienza a tramitar suma 122 folios a lo largo de los cuales se hace un pormenorizado y contundente repaso de los hechos ocurridos a finales de 2009 cuando circularon diversas versiones del PGO sin autentificar. Uno de los documentos era el que salió a información pública, otro se facilitó a la oposición, otro fue votado en pleno y uno más se remitió a la Cotmac. Las diferencias quedaban en evidencia por las variaciones en el tamaño de cada uno de los soportes digitales analizados.
Hechos, que al parecer han sido constatados, según la querella, por la división informática de la policía judicial que en varias ocasiones se personó en la sede de la Cotmac y de la Gerencia de Urbanismo para requerir diversa documentación. Precisamente, fue el organismo encargado de velar por la legalidad urbanística del PGO el que llamó la atención en su informe del año 2010, sobre la introducción de diversos convenios o variaciones de peso entre las versiones que se sacaron a información pública y las que luego se les hicieron llegar.
Además, durante su tramitación la Cotmac requirió al Ayuntamiento para que le enviara una copia autentificada del Plan General, lo que finalmente se hizo pero en el año 2011 cuando de nuevo se intentó, sin éxito, proceder a su aprobación. En la lista de posibles imputados hay nombres que ya están relacionados con otras causas. Así la ex concejal y el técnico, Epifanio Gómez permanecen como acusados por el caso Mamotreto y Reyes por el caso Teresitas.
