El Gobierno canario sugiere una nueva ley de derechos de las personas trans después de cuatro años de promesas sin cumplir
La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, considera que quizá habría que elaborar una nueva ley “más progresista y valiente” para abordar los derechos de las personas transexuales, aunque son los colectivos que las representan los que deben liderar esta posibilidad. Una ley que además aún exige a estas personas demostrar que no están enfermas. La despatologización de la ley se ha convertido en el principal reto de las asociaciones trans para 2018.
Según recoge Efe, Cristina Valido planteó la posibilidad de elaborar otra ley en una comisión parlamentaria en la que abordó las medidas y estrategias que garantizan los derechos de las personas trans, y en la que recordó que ahora hay un escenario “muy diferente” al de la ley canaria de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de este colectivo, aprobada en 2014.
Valido señaló que no tiene claro si conviene modificar esta normativa o elaborar una nueva ley, y aclaró que tampoco entiende que la futura ley de Servicios Sociales sea la solución para este asunto sino que, en cualquier caso, a través de las enmiendas se pueden introducir prestaciones y mejoras para este colectivo.
Añadió que ya se trabaja en cuestiones dirigidas a las personas transexuales y apuntó que el protocolo en materia de sanidad está prácticamente cerrado, a falta de definir un aspecto relacionado con los implantes de mama.
También se difundirá una guía de actuación en medios de comunicación para el tratamiento de este colectivo y en marzo se creará una mesa de trabajo para elaborar el protocolo de empleo y líneas específicas para controlar casos de discriminación, acoso y otro tipo de abusos.
Al respecto, recordó que junto a la Inspección de Trabajo se pondrá en marcha una herramienta informática para comunicar de forma anónima cualquier tipo de “desmán” que se pueda producir en el ámbito laboral.
Asimismo este año habrá una convocatoria de subvenciones por 1.900.000 euros para que las asociaciones en este ámbito puedan desarrollar sus servicios.
La diputada de Podemos María del Río, que solicitó la comparecencia, opinó que la normativa en este ámbito “antes de nacer ya está caduca”, pues las personas afectadas no quieren estar “en un limbo legal”.
La ley es de 2014 y tiene aspectos que están “muy bien”, lo que ocurre “simplemente es que no se han puesto en marcha”, por lo que advirtió de que “no se trata de hacer leyes, se trata de que se cumplan”.
También aludió a los datos que apuntan a que la tasa de paro del colectivo alcanza el 85%, la escasa formación académica, la situación de las mujeres trans, los planes de empleo de los cabildos y la necesidad de un centro de acogida para personas mayores trans.
Nereida Calero, del grupo Nacionalista Canario, señaló que es una obligación de todos adoptar medidas para una igualdad real y no sólo jurídica, mientras que la diputada socialista Teresa Cruz apuntó que no sabe si conviene una nueva ley o modificar la actual, pero sí es preciso algo que permita que ese derecho garantizado se haga efectivo y real.
Por el grupo Popular Lorena Hernández pidió revisar una ley “que no ha cumplido con los compromisos adquiridos”, lo que a su juicio muchas veces no es un problema de financiación sino de falta de interés.
Luis Campos, de Nueva Canarias, criticó el nivel de desarrollo “mínimo” en la filosofía y en las acciones concretas de la ley, y sostuvo que “no es muy esperanzador” que el Gobierno remita a la ley de Servicios Sociales para hablar de los derechos de estas personas.
Asimismo Jesús Ramos, de la Agrupación Socialista Gomera, indicó que a su grupo le han llegado demandas de este colectivo respecto a las serias dificultades para integrarse en el mercado laboral, por lo que ha solicitado la comparecencia en la comisión de representantes de la Asociación Algarabía.
