El Gobierno de Canarias obliga a Mogán a modificar el acuerdo de asignación de productividades
La Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias ha obligado al Ayuntamiento de Mogán a modificar el acuerdo de asignación de productividades al entender que la propuesta de la alcaldesa del municipio “plantea problemas de legalidad”, según desvela la formación Nueva Canarias.
Según explica este partido de la oposición, el pasado 7 de marzo el servicio de Administración Local de la Consejería remitió un informe al Ayuntamiento en el que exponía las conclusiones sobre el expediente administrativo relativo al acuerdo adoptado por el Pleno celebrado el 22 de diciembre de 2017.
En dicho acuerdo el gobierno de Mogán planteaba los criterios que se habrían de seguir a la hora de asignar productividades y gratificaciones al personal funcionario del Ayuntamiento. El Gobierno de Canarias observa problemas de legalidad en el apartado referido al reparto de productividades en los casos en los que determinados funcionarios desempeñen tareas propias de un puesto superior.
Como recalca la portavoz del partido, Isabel Santiago, el Gobierno de Canarias “es muy claro al respecto” y concluye en el informe que no es posible retribuir el desempeño de tareas de un puesto superior a través de productividades y que lo legal es retribuirlas a través el incremento del complemento específico.
Santiago entiende que este informe genera una situación “dantesca” en el Ayuntamiento puesto que en el citado pleno el grupo de gobierno conformado por Ciuca y PSOE prestó aprobación al expediente a pesar de que tanto el interventor en más de 60 informes, como las más de 24 sentencias recaídas en contra del procedimiento de asignación de productividades, y una en concreto anulando la mejorar laboral del propio hermano de la alcaldesa de Mogán, aconsejaban todo lo contrario.
“El Gobierno de Canarias, con este informe, viene a confirmar la postura mantenida por Nueva Canarias en dicho pleno, así como lo expresado por los tribunales en sus últimas sentencias, que concluyeron que la simple alusión a la titularidad de la potestad de autoorganización como motivación del acto no expresa sino un inaceptable voluntarismo subjetivo, sin aporte alguno de racionalización objetiva, lo que es impropio de un estado de Derecho en el que está constitucionalmente vedada la arbitrariedad”, sostiene Santiago.
Así, este informe obliga al Ayuntamiento de Mogán a modificar su propuesta debiendo suprimir la asignación de productividades como medio para retribuir a aquellos funcionarios que desempeñen funciones propias de un puesto superior.
“El Gobierno de Canarias hace su trabajo poniendo freno a la asignación subjetiva de productividades que tanto ha practicado Onalia Bueno en este mandato”, concluye Isabel Santiago.
