El PP apuntala la Ley de Transparencia del Gobierno del Pacto
La futura Ley de Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Canarias será de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas y partidos políticos de las Islas no porque lo diga su texto, sino porque el principal partido en la oposición, el Partido Popular (PP), ha respaldado este miércoles el proyecto legal remitido por el Gobierno al Parlamento.
“Un principio de acuerdo”, como lo ha calificado la portavoz del Grupo Popular, Australia Navarro, para apuntalar “una ley troncal, que forma parte de la estructura, del núcleo esencial de la Comunidad Autónoma”, según la ha definido el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola.
Un consenso forjado durante meses, casi dos años, y que ha tenido su colofón media hora antes de la rueda de prensa conjunta ofrecida por Navarro y Spínola, cuando ambos se han reunido en el propio Parlamento con el fin de cerrar los flecos que aún separaban al Gobierno y al PP.
Observaciones de los conservadores que el consejero considera que “son perfectamente asumibles” por los grupos del Pacto (CC y PSOE) durante la tramitación de las enmiendas que el PP presentará a la Ley.
Permanencia y vigencia duradera
“Los ciudadanos quieren que las leyes que son el núcleo de la autonomía se aprueben por unanimidad, pues garantiza su permanencia en el tiempo y una vigencia duradera”, ha asegurado Spínola.
Por ello, quiso “felicitar al Grupo Popular por su predisposición a llegar a un acuerdo”.
“Cuando hay voluntad política de consenso la gente se favorece. Esta Ley ha sido consensuada entre todos y nos compromete a todos”, remachó Navarro.
Entre las enmiendas “asumibles” que presentará el PP está la referida a que el comisionado de la Transparencia no recaiga en el Diputado del Común, como propuso inicialmente el Gobierno en sus primeros borradores, sino en una comisión específica del Parlamento presidida por un diputado de la oposición.
“El Gobierno ya no puede entrar en eso, pero la fórmula para crear al comisionado se acordará entre los distintos grupos parlamentarios”, dijo Spínola.
Observaciones “asumibles”
Asimismo, el PP plantea que el acceso a la información sea gratuito y no se establezcan tasas a la petición de documentación por parte de los ciudadanos o que tanto la retribución como el curriculum académico de los altos cargos sean de “conocimiento público para evitar el clientelismo”.
Además, el PP plantea un régimen sancionador “para perseguir el incumplimiento” de la Ley (cuestión ya incluida en el texto del Gobierno, que todas las instituciones y organismos públicos “estén sujetos a la transparencia de ingresos públicos sin límites ni cortapisas” o que los cabildos y ayuntamientos “estén sujetos desde el principio” a la Ley, sin dejar su inclusión al albur del desarrollo de otros textos legislativos.
“Habrá que incluir esta propuesta en las futuras leyes de Cabildos y Municipios, pero estamos con el PP en que el texto troncal debe ser la Ley de Transparencia”, concedió Spínola.
Por tanto, Gobierno y PP escenificaron un acuerdo sobre una de las leyes que supone uno de los “retos y objetivos” del Gobierno de Canarias, pues el texto “va a afectar a los 2,1 millones de habitantes de las Islas”.
Un acuerdo que, de momento, no parece extenderse a otros dos textos importantes para el Ejecutivo que preside Paulino Rivero: los de cabildos y ayuntamientos.
“Vamos a limitar el consenso al día de hoy”, concluyó Navarro al ser preguntada por el posible apoyo de los conservadores a ambos proyectos del gabinete regional.
