El Gobierno canario busca un acuerdo “de mínimos” para la ley de Transportes que no divida al sector
El consejero de Obras Públicas y Transportes, Pablo Rodríguez, ha indicado este jueces que prevé tener en septiembre un documento consensuado “de mínimos” de anteproyecto de ley de Transportes de Canarias bajo las premisas de no generar “división” en el sector, ni proceder a su liberalización.
Pablo Rodríguez realizó este anuncio en comisión parlamentaria en la que informó sobre el estado del proyecto de Ley de Transportes de Canarias, en la que encontró el escepticismo de los grupos parlamentarios, excepto el Nacionalista, respecto a los plazos y objetivos fijados para sacar adelante esta normativa.
El también vicepresidente del Gobierno canario indicó que hace un año, cuando asumió Obras Públicas y Transportes, el anteproyecto de ley, que debe sustituir a la actual normativa del sector aprobada en 2007, tenía una fuerte contestación por parte de los subsectores del área y era necesario “echar el freno” para que la modificación contase con el máximo consenso posible.
“Hay que tener en cuenta que es utópico alcanzar el 100% de acuerdo porque en el sector hay intereses contrapuestos”, precisó el consejero, quien dijo que un elemento “clave” para abordar la cuestión es la creación de la mesa del transporte terrestre, que se constituyó en diciembre, con el compromiso de poner en marcha en el primer trimestre de 2018 las mesas sectoriales.
De hecho este viernes se reunirá la mesa del taxi, indicó Rodríguez, quien recordó que hay aspectos del transporte que se han desarrollado sin necesidad de esperar a la modificación de la ley, como la tarifa única de taxi a los aeropuertos.
La diputada Esther González, de Nueva Canarias, que solicitó la comparecencia, indicó al consejero que “a este paso no acaba”, pues va a terminar la legislatura sin terminar de aprobar la citada ley, con lo que continuarán “los graves problemas” que ha creado la normativa vigente al sector “y a los siete cabildos”.
“Lo único que va a hacer es adaptar la ley a las normas estatales y europeas y rellenar las lagunas de la normativa de 2007”, objetó González, quien detalló que los cabildos tienen problemas a la hora de conceder autorizaciones y por ello hay disparidad, puesto que cada corporación interpreta la norma a su manera y “laxamente” porque si lo hicieran estrictamente “en 11 años no se mueve un papel”.
Miguel Jorge, del grupo Popular, advirtió de que lo importante “no es lo que todos digan sino si usted tiene claro lo que quiere hacer, si la Consejería sabe hacia dónde deben tender las modificaciones legales de un sector que es muy problemático y contradictorio en las pretensiones de unos y otros”.
Es muy difícil ponerlos a todos de acuerdo, admitió Jorge, pero también insistió en que “para eso está el consejero”, que es el que gobierna, dirige y promueve las modificaciones legislativas.
En esta postura coincidió la diputada socialista Patricia Hernández, quien afirmó que una cosa es lo que digan los sectores y otra el liderazgo de la Consejería, y si ésta no fija un calendario de reuniones rígido con los sectores “no llega a tiempo”, por lo que opinó que o Rodríguez “cambia el ritmo o nos quedamos sin modificar la ley esta legislatura”.
Natividad Arnáiz, de Podemos, confió en que el borrador tenga el mejor final posible, recordó las quejas del sector del taxi por la falta de participación en su elaboración y pidió que se dote a la norma de un enfoque de movilidad sostenible.
Jesús Ramos, de la Agrupación Socialista Gomera, reconoció que hay controversia porque es imposible llegar al cien por cien de acuerdo entre tantos subsectores del transporte, y señaló que uno de los asuntos que debería regular la ley es el de combatir la precariedad laboral en esta actividad.
El consejero Pablo Rodríguez replicó a los grupos que la mesa del transporte tiene un calendario de trabajo con unos plazos aprobados por unanimidad y precisó que en la ley se busca corregir “lagunas” de la actual normativa que han generado interpretaciones distintas y complejas para los cabildos.
Además, continuó, la Consejería tiene claro que lo no quiere es que con la ley se liberalice el sector, que se desregularicen actividades como los “rent a car” o los vehículos de auxilio en carretera, y señaló que por “prisas” no se puede traer al Parlamento “algo peor de lo que ya existe”.
