El Gobierno canario no da aún por perdido el dinero de Tindaya
El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Parlamento canario, José Miguel Barragán, admitió este miércoles que la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que rechaza la petición del ejecutivo autónomo de recobrar los 12 millones de euros adelantados a la empresa que iba a construir el monumento de Tindaya en Fuerteventura,“no es una buena noticia”.
“Desde hace años el Gobierno viene reclamando que ese dinero pertenece a los canarios porque nunca se cumplieron las condiciones del contrato. Pero también es verdad que estamos en un Estado de Derecho y pese a que venimos exigiendo esta cantidad insistentemente desde el año 2000 los tribunales ya se han pronunciado en varias sentencias en el sentido de que ese dinero fue cobrado de forma correcta y por lo tanto no se tiene que devolver”, señaló el portavoz nacionalista.
Barragán indicó que no obstante los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias están estudiando la posibilidad de presentar algún tipo de recurso extraordinario: “Si existe esa posibilidad estoy seguro de que se hará y si no, como es obvio, tendremos que acatar la sentencias cuando sean firmes”.
Además recordó que el Ejecutivo autónomo ha venido exigiendo desde hace años que la empresa pública Proyecto Monumental Montaña de Tindaya (PMMT) en la que participaba el empresario, Rafael Bittini devuelva los 12 millones de euros que se pagaron en su momento en calidad de adelanto como aval para que se pudieran emprender diversos gastos con el fin de ejecutar el proyecto, como era la realización de estudios y abonar una parte de la explotación de la cantera.
Sin embargo, el Gobierno canario decidió acudir a los tribunales para exigir la devolución de las cantidades adelantadas una vez que se comprobó que no se había realizado ningún tipo de informe y que Bittini vendía parte de la piedra obtenida a los otros socios de la Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por FCC y Necso. Lo cierto es que las incursiones del ejecutivo autónomo en los juzgados no ha resultado favorable a los intereses públicos y ahora acaba de ser emitida un fallo firme que da la razón al empresario.
Barragán, quien también es diputado por Fuerteventura, señaló que desde hace tiempo intentan retomar el proyecto monumental ideado a principios de la década de los años noventa por el ya fallecido escultor vasco, Eduardo Chillida, “pero lo cierto es que en la actual coyuntura económica es muy difícil no sólo que el Gobierno canario pueda poner dinero de forma directa sino que también sea imposible encontrar empresas con la suficiente solvencia para poder afrontar este proyecto”.
No obstante, Barragán niega que la idea haya quedado descartada e incluso asegura que siguen trabajando en la creación de una Fundación y convocar un concurso al que las empresas se puedan presentar. “Hablamos de un concurso muy similar al anterior al que concurrían los particulares quienes tendrían un derecho de explotación de la cantera de manera que no les costara prácticamente nada al erario público la realización de la obra”. En estos momentos son varios los frentes judiciales abiertos entorno a la construcción del monumento de Tindaya de cuya resolución puede derivarse que el proyecto vuelva a ser retomado.
En la actualidad la empresa PMMT se encuentra disuelta en la práctica y por ello los últimos presupuestos regionales no recogían partida alguna dado que la entidad carecía de actividad. El grueso de la batalla judicial en la que se ha embarcado el Gobierno canario en estos momentos se centra en apartar a Bittini de la sociedad y en este punto los tribunales sí le han venido a dar la razón a las tesis del Gobierno canario, según el portavoz nacionalista. “Insisto, nuestra idea es que el proyecto se haga”, reiteró Barragán.
Fraude fiscal
Por otro lado, la Audiencia Nacional también ha dado la razón al empresario a la hora de negar que hubiese incurrido en fraude fiscal con respecto a la venta de acciones de la empresa pública PMMT. En su momento el Tribunal Económica Administrativo de Canarias (TEAC) pidió que Bittini fuese sancionado con 3,6 millones de euros básicamente por la liquidación del impuesto de sociedades de los ejercicios 1997, 1999 y 2000 de su empresa Canteras Cabo Verde SA. Bittini suscribió en el año 1996 con la empresa pública Sociedad Anónima de Promoción de Turismo, Naturaleza y Ocio (Saturno) un contrato de compraventa de acciones de este proyecto por valor de 329.000 euros. Posteriormente, al siguiente año se pagarían 900.000 euros y otros 600.000 en diversos ejercicios consecutivo. Sería al cuarto ejercicio cuando Cabo Verde SA transmitiría el restante 50% de sus acciones por 2,7 millones de euros.
Sin embargo, el TEAC inició un expediente sancionador “grave” por haber incurrido supuestamente el empresario en “negligencia”, lo que ha sido descartado por la Audiencia que considera que la Agencia Tributaria incluyó en determinados errores técnicos a la hora de iniciar el procedimiento contra el empresario. De hecho, los magistrados no dejan de darle algunos tirones de oreja al organismo inspector al que acusan de haber despachado este asunto, “de forma muy poco convincente” y de haber incurrido en “falta de rigor jurídico”. La sentencia apunta que la actividad extractiva de la montaña no puede ser considerada un rendimiento económico ordinario “sino precisamente todo lo contrario”. Y ello es así en cuanto el contrato firmado supone la pérdida mediante precio, a cambio de la cesión de uso y disfrute de bloques en una cantidad indeterminada para construir el monumento.
“Es irrelevante que el cesionario no llegara a extraer la piedra a la que tenía derecho en función de la cesión, o no lo hiciera en la cantidad contractualmente pactada, pues lo decisivo es que los rendimientos percibidos como precio del contrato de cesión pactado implicaba la pérdida de la obtención de rendimientos de la actividad minera, toda vez que se cedían a un tercero que adquiría el derecho a esa explotación”. En el año 2006 la fiscal delegada de Delitos Económicos en la provincia de Las Palmas, Eva Ríos, solicitó cuatro años de cárcel para Bittini al acusar al empresario de un delito continuado contra la Hacienda Pública por supuestamente “alterar” y “manipular” la declaración del impuesto de sociedades en los ejercicios económicos correspondientes a 1998 y 1999.
La fiscal también reclamó la imposición de la multa de 3.569.862 euros y una indemnización de 892.465 euros como responsable civil de las cantidades presuntamente defraudadas a Hacienda, según recogió la fiscal en su escrito de conclusiones provisionales. La Audiencia le ha quitado la razón al Ministerio Público a través de una sentencia que no obstante puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo (TS).
