El Gobierno central destina casi 10 millones a Canarias para luchar contra la pobreza infantil

El Consejo de Ministros ha acordado este martes transferir cerca de 200 millones de euros a las comunidades autónomas destinados a programas para la protección de las familias y la lucha contra la pobreza infantil, de los que a Canarias le corresponden 9,8 millones de euros.

Se trata del programa de Protección a las Familias y la Atención a la Pobreza Infantil, una línea de crédito que gestiona el Ministerio de Derechos Sociales a través de la Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales.

Según ha informado el departamento que dirige Pablo Bustinduy, este año, tras la prórroga de los presupuestos, este crédito tendrá un importe cercano a los 200 millones de euros (198.704.000 euros) y será transferido a las comunidades autónomas (a excepción de País Vasco y Navarra), Ceuta y Melilla.

El acuerdo del Consejo de Ministros tendrá que ser aprobado de manera definitiva por el Consejo Territorial para ser efectivo.

Bustinduy ha destacado que esta cifra que se ha prorrogado es la más alta que se ha dado en esta área, aunque ha asegurado que es necesario seguir aumentando esta dotación presupuestaria para hacer frente a los retos del país en la protección de las familias y de los menores.

De este crédito dependen tres programas que gestionan los gobiernos autonómicos: el primero está dotado con más de 108 millones de euros y financia proyectos de servicios sociales para desarrollar prestaciones básicas a nivel municipal como las de ayuda a domicilio, las de alojamiento alternativo, o las de prevención e inserción social.

El segundo programa cuenta con una financiación de 65 millones de euros y se centra en la protección a la familia y atención a la pobreza infantil, específicamente a unidades familiares con menores a cargo que estén en situación de privación material severa o riesgo de pobreza y exclusión social.

Este programa incluye una línea para cofinanciar proyectos de alimentación, ocio y cultura, y para garantizar la conciliación familiar durante las vacaciones escolares.

Y el tercer programa, dotado con 25 millones de euros, se destina a reforzar equipos de atención primaria de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia.

El Ministerio de Derechos Sociales establece que el reparto territorial de los fondos se realiza atendiendo a diversos criterios desglosados en el acuerdo, como la población de cada territorio, su superficie o la tasa AROPE (que mide el riesgo de pobreza o exclusión).

Este año, con la prórroga de los presupuestos, la distribución territorial que se ha propuesto es la misma que en 2023. A este respecto, Bustinduy ha resaltado que el objetivo de incremento presupuestario “trata de corregir la infrafinanciación histórica que ha tenido este sistema y que se vio agravada en la década pasada con los recortes”.

Ha recordado el compromiso por parte de los gobiernos autonómicos de mantener su inversión en Servicios Sociales y ha reclamado a todas las administraciones y partidos “una política de Estado que construya amplios consensos para blindar los recursos y evitar nuevos recortes”.