El Gobierno considera “demasiado compleja” la regulación del alquiler vacacional para limitarla a un decreto
El Gobierno de Canarias considera que la regulación del alquiler vacacional, una competencia autonómica, es “demasiado compleja” para limitarla a un decreto del ejecutivo, por lo que ha pedido la implicación del Estado en cuanto a consideración de este negocio como una actividad económica o la aplicación de la Ley de propiedad horizontal.
Por ello, la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias ha reclamado al ejecutivo central la convocatoria de una conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas para abordar esta modalidad turística en auge, ha explicado el titular del departamento, Isaac Castellano, en el transcurso de una interpelación en el pleno del Parlamento de Canarias.
La regulación del alquiler vacacional implica también a las corporaciones locales, que tienen competencias urbanísticas y de ordenación, una complejidad más que muestra las limitaciones que pueda suponer su regulación por un decreto, agregó Castellano.
Pese a todo, el ejecutivo regional trabaja en la redacción del decreto de alquiler vacacional que sustituya al vigente desde mayo de 2015, anulado parcialmente por los tribunales por la exclusión de esta actividad de las zonas turísticas, entre otros aspectos.
Castellano confió en que a finales de este año o en las primeras semanas de 2018 pueda estar redactado un borrador del decreto para ser sometido a información pública.
“Hay que contar con la implicación de todas las administraciones, porque con un solo decreto no se puede establecer la normativa necesaria”, insistió el consejero, quien subrayó que el alquiler vacacional ofrece oportunidades para las rentas de muchas familias, pero también riesgos para el sector turístico.
El consejero anunció también durante su contestación a la interpelación parlamentaria del diputado del PP Miguel Jorge que no ha renunciado a modificar la Ley general de turismo de 1995 a lo largo de esta legislatura para adaptarla a las nuevas necesidades, aunque en todo caso lo haría una vez elaborado un plan estratégico en el que está trabajando con el sector y que podría estar concluido a lo largo del primer semestre de 2018.
El plan estratégico del turismo es “un proyecto ambicioso para definir un conjunto de acciones, planes y programas” para conseguir generar más valor añadido de esta actividad, y dará coherencia a toda la actividad normativa, explicó.
Otras iniciativas normativas en materia turística en las que trabaja la Consejería son un decreto para regular y garantizar la calidad de las actividades de turismo activo y otro sobre requisitos y procedimientos en el subsector de la restauración.
En general, la actividad normativa del Gobierno sobre el sector turístico busca reducir impedimentos burocráticos y promover la modernización de esta actividad, insistió Castellano.
También afirmó que la Ley del Suelo favorece la renovación turística al simplificar la normativa y clarificar y agilizar los proyectos viables.
El diputado del PP Miguel Jorge Blanco criticó la tardanza del Gobierno en poner al día la legislación turística que se va quedando obsoleta, como la Ley general del turismo de 1995, y dudó de que en lo que queda de legislatura dé tiempo a abordar esta cuestión, a la vista de la lentitud de la Consejería.
Tampoco parece una prioridad para el ejecutivo canario regular el alquiler vacacional, reformar los incentivos para la modernización turística ni actuar ante la anulación judicial del exceso de requisitos y exigencias para los nuevos establecimientos de menos de cinco estrellas.
