El Gobierno canario regula las entidades colaboradoras en contaminación ambiental
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Canarias ha aprobado el proyecto decreto por el que se regulan las entidades colaboradoras en materia de contaminación ambiental, además de crear un registro que las aglutine.
De esta forma, según informó el portavoz del Ejecutivo regional, Martín Marrero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, se persigue que las entidades faciliten a las empresas y a la Administración la verificación de la conformidad de sus actividades con la normativa ambiental en materia de contaminación.
Esta certificación acredita a entidades que faciliten a las empresas y a la Administración la verificación de la conformidad de las actividades con la normativa ambiental en materia de contaminación en Canarias.
Esta regulación responde a la evolución de la normativa medioambiental y el enfoque integrado de la misma en los distintos sectores que “supone cada vez un mayor nivel de exigencia de especialización técnica del control” a que se somete el ejercicio de las actividades con repercusión en el Medio Ambiente.
Asimismo, la liberalización de la mayor parte de las actividades económicas requiere el concurso de entidades colaboradoras para realizar actividades de control establecidas en la legislación vigente, “sin generar demoras innecesarias” en la actividad económica debido a la Administración.
De todos modos, se puntualiza que las entidades realizarán su labor “siempre bajo el control de la Administración”. En concreto, las actividades en las que podrán actuar abarcan desde la contaminación ambiental entre los que se incluyen la contaminación de la atmósfera, aguas y suelos, producida por las emisiones contaminantes, incluido el ruido y los productos químicos.
También se puntualiza que las funciones a desempeñar por estas entidades “no van a suplantar” las funciones de la Administración para “garantizar la efectiva” aplicación de la norma ambiental vigente y resalta que “se da un paso más” para facilitar a las empresas en el desempeño de sus actividades “sin que a la Administración les genere costes y retrasos innecesarios”.
