El Gobierno ''llegará hasta el final'' en el caso Vanyera
El Gobierno de Canarias se ha mandatado para recuperar para las arcas públicas los 5,2 millones de euros que ha tenido que desembolsar por el aval autorizado por el ex consejero de Economía y Hacienda y actual ministro de Industria, José Manuel Soria, a la empresa Vanyera3.
Así lo ha asegurado el actual consejero, Javier González Ortiz, en sede parlamentaria al afirmar que “el Gobierno de Canarias llegará hasta el final y pondrá en marcha todos los medios y mecanismos a su alcance para intentar devolver el dinero a las arcas públicas”.
“Ante estos acontecimientos, el Gobierno no puede permanecer impasible, por lo que intentaremos por todos los medios posibles restituir ese dinero cumpliendo así con nuestra responsabilidad y obligación”, ha afirmado.
No obstante, previamente, se va a investigar para “aclarar qué sucedió y por qué sucedió”.
Dos preguntas para las que el diputado socialista Ignacio Álvaro Lavandera sí ha tenido respuesta: “fue un cúmulo de despropósitos que me genera indignación, y nos ha salido cara la gestión de un político que hacía méritos para buscar la silla ministerial”, en referencia a Soria.
Con todo, y aunque en ningún momento González Ortiz mencionó por su nombre a Soria, sí se alió con las tesis socialistas al recordar que en el decreto por el que el Gobierno estableció las bases para la concesión del aval se especificaba que “la Consejería de Economía y Hacienda era el órgano encargado de realizar los trámites y supervisar la operación”.
“De forma expresa y directa”
Asimismo, el decreto encomendaba a la Consejería que dirigía Soria, “de forma expresa y directa”, varias tareas, entre ellas “requerir a Vanyera constituir en el plazo de un mes la garantía que respaldaba el aval; elegir otra distinta si la ofrecida no era suficiente; desistir de la operación si la empresa no cumplía con estos requerimientos; y controlar e inspeccionar a la sociedad para verificar la operación”.
Y, pese a ello, al Gobierno no le consta que los responsables de la Consejería en aquel momento, con Soria a la cabeza, requirieran la constitución de esa garantía, como tampoco que realizaran una valoración técnica sobre si ésta era suficiente “o que se llevara a cabo su necesaria inscripción registral”.
Y he aquí, para González Ortiz, el fondo del problema que ha supuesto un desembolso de 5,2 millones de euros por orden judicial: “la ausencia de esta inscripción”.
“Una condición indispensable para incorporar las deudas de forma preferente en el concurso de acreedores al que estaba sometido la entidad, por lo que el Gobierno de Canarias perdió todos los derechos de cobro durante la liquidación y la posterior venta de la empresa”.
Por su parte, el socialista Lavandera insistió en que “está claro que las cosas se podían haber hecho de otra manera y no se hicieron, y ahora toca pagar, pero no a quien se equivocó, por lo que se deben depurar responsabilidades, aunque sean de un ministro”.
Defensa de los servicios jurídicos
Y aunque socialistas y nacionalistas coinciden ahora en apuntar a Soria como el único responsable, González Ortiz sí ha salido en defensa, al contrario que sus socios en 2011 o en estos momentos el Grupo Popular, de los Servicios Jurídicos del Gobierno.
“Después de estos hechos, los Servicios Jurídicos actuaron en todo momento en defensa de los intereses de la Comunidad Autónoma, oponiéndose judicialmente al proceso de liquidación”, afirmó.
Fruto de ese trabajo, y pese a que desde el PSC y desde el PP se asegura que existió pasividad a la hora de encarar el proceso judicial, González Ortiz ha afirmado que se consiguió rebajar en 1 millón de euros la cifra inicialmente reclamada en concepto de costas e intereses, limitando a 5,2 millones la ejecución del aval.
