El Gobierno niega la deuda con las capitales por el IBI
La Dirección General de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias ha señalado que durante el pasado ejercicio tramitó pagos en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por un importe total de 110.960,47 euros y al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por 137.562,90 euros, todo ello correspondientes a los inmuebles cuya administración le corresponde. Por esta razón desde este Departamento se niega que en estos momentos mantengan algún tipo de deuda con ambos ayuntamientos con respecto al pago de la conocida como contribución urbana.
En respuesta a una pregunta presentada por el grupo parlamentario popular en la Cámara regional se indica que durante el pasado ejercicio la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas abonó 2.100 euros por la ocupación de un inmueble que estaba arrendado a una empresa particular. Sin embargo, tras el traslado de estas dependencias al edificio de Usos Múltiples II de la avenida Tres de Mayo de Santa Cruz no le corresponde ya liquidar el IBI. En el caso de La Laguna, también en Tenerife, el Ejecutivo autónomo desembolsó apenas 1.534 euros por la ocupación del Laboratorio Agroalimentario.
La respuesta del Gobierno canario se produce tras la reunión del Consejo de Capitalidad, en el transcurso de la cual el presidente, Paulino Rivero, anunció que se intentará paliar la reducción en un 6% de las partidas que se dedican a compensar a ambas ciudades por los gastos derivados de su condición de capital con el abono del IBI. Así, según el Ayuntamiento de Santa Cruz el Gobierno mantendría una deuda de cerca de 8 millones de euros tanto en este concepto como por el impuesto de rodaje de los coches oficiales. El concejal de Hacienda de Santa Cruz, Alberto Bernabé, señaló que la Administración autónoma había liquidado ya parte de esta deuda.
El consejero regional de Economía, Javier González Ortiz, explicó que los alcaldes de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez y de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Cardona, “nos han pedido que hagamos frente a esas cantidades y que no se puedan modificar cuando las tengamos presupuestadas. No hay que olvidar que la Comunidad Autónoma posee un número muy importante de inmuebles”.
Precisamente, en la Ley de Capitalidad se recogía que una de las principales cargas que mantienen estos municipios son el elevado número de edificaciones oficiales que existen y los problemas que generan sin recibir demasiadas contraprestaciones a cambio. Pero sin embargo con respecto, al menos, al pasado año desde el Gobierno canario contradictoriamente se confirma al grupo parlamentario popular que no existe tal deuda.
