El Gobierno niega ilegalidades en su gestión
La gestión de Willy García como director general del ente Radiotelevisión Canaria no tiene “ni ilegalidades, ni indecencias” y, por supuesto “no incumple la Ley”.
Así lo ha asegurado el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, tras las acusaciones vertidas por la diputada conservadora Águeda Montelongo a raíz de las “serias irregularidades” que detectó la Audiencia de Cuentas en las contrataciones llevadas a cabo desde que García asumió el cargo de máximo responsable de RTVC.
“Lo más sorprendente es que arremeten contra una gestión de la que el PP formó parte y de la que está plenamente satisfecho, hasta el punto que directivos que participaron en esas supuestas ilegalidades hoy siguen teniendo su máxima confianza”, ha afirmado en el Parlamento.
Por tanto, ha pedido a los conservadores que “dejen de confundir” y de hacer “lecturas partidistas” de los informes de la Audiencia de Cuentas, que “sí habla de errores y de recomendaciones que, no les quepa dudas, serán incorporados, pero no determina ni una sola ilegalidad en la gestión” de García.
“Si existieran, la propia Audiencia actuaría de oficio, como es su obligación”, ha concluido.
Malgastar sin control
Sin embargo, Montelongo ha insistido en que RTVC “ha malgastado sin control casi 300 millones de euros en cuatro años, y en el informe emitido se puede leer una y otra vez que no han facilitado documentos, que acumulan expedientes incompletos, o que no se ha atendido en las adjudicaciones a criterios de eficacia, eficiencia y economía”.
“Lo único que nos queda claro de la respuesta del Gobierno es que aprueban todas las gestiones de García al frente de una televisión pública que pagamos entre todos, pero que está al servicio de unos pocos, incluyendo la familia de su director”, declaró.
Como publicó CANARIASAHORA, la Audiencia deja entrever que, de los 136 contratos analizados, que corresponden sólo al 24% de los firmados entre los años 2007-2011, se detectan irregularidades relativas a la falta de publicidad y transparencia que garanticen la libre concurrencia de todas las empresas interesadas en participar de la oferta pública de la radio y televisión.
“Sólo haciendo cuentas entendemos este apoyo del Gobierno de Canarias a García, ya que con 35 millones de euros de presupuesto anual pagan una televisión y una radio públicas, alguna cabecera de un periódico regional y a las productoras locales de las islas no capitalinas”, concluyó.
