La Guardia Civil ve indicios de ilegalidad
La investigación del Seprona para dirimir si el vaso provisional del vertedero de Salto del Negro cumple con la legalidad vigente ha comenzado en el mediodía de este jueves. Tres agentes de la Benemérita han acudido a las inmediaciones de las instalaciones, cámaras y prismáticos en mano, para iniciar las comprobaciones pertinentes a instancias del fiscal de Medio Ambiente de Las Palmas, que ha decidido indagar tras la denuncia de los vecinos de once barrios que sufren las consecuencias de la cercanía del vertedero.
El presidente de la asociación La Voz de Salto del Negro, Fidel García, tras un encuentro con los agentes, ha asegurado a CANARIAS AHORA que la Guardia Civil “ve indicios de ilegalidad por un uso incorrecto de este vaso provisional”, ya que fue construido para depositar los residuos tratados por la planta de biometanización instalada en el vertedero.
Según ha podido saber este periódico, estas instalaciones están sujetas a la Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, que dicta que, en caso de no poder tratar los residuos por algún incidente, el operario tendría que anotar el espacio de tiempo en el que se ha depositado basura sin tratamiento y el emplazamiento dentro del vaso en el que se ha vertido. Después habría que rescatar esos residuos para tratarlos. “Ni la planta está en marcha, ni hay un libro de servicio, ni nada, por lo que el Ayuntamiento está depositando basura sin tratar de manera ilegal y con autorización del Cabildo”, apuntan fuentes vecinales, “es como verter en medio de Las Canteras”.
“El Seprona ya advirtió a la técnico del Cabildo a quien compete autorizar los vertidos en ese vaso que no dejara entrar ni un camión, pero no ha sabido decirle que no a los políticos”, añaden.
Tras el cierre del vertedero de Salto del Negro se habilitó el mencionado vaso alternativo y provisional para depositar la basura proveniente de la capital, ante la negativa del Ayuntamiento a desviar el servicio a Juan Grande por diversos motivos expuestos. El Cabildo, administración que gestiona las instalaciones, permitió al Consistorio capitalino verter en este espacio habilitado. “Caerán muchos responsables por esto”, auguran los vecinos.
Las asociaciones vecinales afectadas han denunciado, además de lo expuesto anteriormente, que este vaso está a 130 metros de varias casas, distancia muy inferior a la mínima dictada por la normativa. La Corporación insular ha defendido que las actuaciones emprendidas en el vertedero se han diseñado y aplicado de acuerdo con la normativa aplicable exigible. Sin embargo, los vecinos afectados afirman que “la autorización tiene un estudio de impacto que no incluye, entre otros puntos, la distancia mínima con las viviendas”.
“Estamos respirando metales pesados, las moscas, mosquitos y cucarachas nos están invadiendo y las gaviotas defecan encima de nuestras casas, nuestra ropa y nuestros coches”, concluyen.
