La huelga del 15 de abril frena el conflicto colectivo
La huelga convocada el 15 de abril por los sindicatos de los empleados públicos para protestar por los recortes de salario y de jornada de hasta el 20% paraliza la demanda de conflicto colectivo del Gobierno de Canarias, ha afirmado este martes el portavoz de IC, Rafael Rodríguez.
Según informa Efe, la ley así lo establece en el caso de que la demanda del conflicto colectivo la interponga el empresario y se convoque una huelga antes de decidirse sobre él, por lo que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) deberá pronunciarse al respecto, ha afirmado el portavoz de Intersindical Canaria (IC) durante una rueda de prensa junto a representantes del resto de sindicatos convocantes del paro, SEPCA, CCOO, UGT, COBAS y CSC-OSCEP.
Los empleados públicos presentaron alrededor de un millar de demandas en contra de los recortes de salario y jornada de hasta el 20% aplicados a 3.300 de ellos, lo que motivó la presentación de un conflicto colectivo por parte del Gobierno de Canarias para tratar de unificarlas en un solo procedimiento.
Al hacerlo, las demandas y juicios en marcha quedaron en suspenso, lo que dejó a los trabajadores en “una situación de indefensión jurídica”, según Rodríguez.
Los sindicatos confiaban en que alguno de los jueces que tramitasen las numerosas demandas elevase una cuestión de inconstitucionalidad sobre la decisión del Gobierno canario de reducir el salario y la jornada a los trabajadores, pero al reunirse todas ellas en una sola, la del conflicto colectivo, las posibilidades de lograr una iniciativa judicial de ese tipo era menor, ha explicado el representante de IC.
Con la presentación del preaviso de huelga para el próximo 15 de abril la situación varía y lo previsible es que, de acuerdo a la ley, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se pronuncie a favor de que las demandas individuales prosigan su curso.
Además de intentar lograr la presentación de una cuestión de inconstitucionalidad sobre los Presupuestos de la Comunidad Canaria de 2013 por los recortes a los empleados públicos, la huelga pretende también que el Gobierno sepa que “ya está bien y que los trabajadores no se resignan a seguir perdiendo poder adquisitivo y derechos”.
Al paro están convocados los 14.000 trabajadores de la Administración General de la Comunidad Autónoma, a los que su salario se les ha reducido entre un 12 y un 32% en los dos últimos años.
La medida de reducción del 20% de jornada y salario afecta a gran número de trabajadores de los grupos 4 y 5, los de menor remuneración, por lo que algunos de ellos se aproximan al Salario Mínimo Interprofesional.
En el caso de un ordenanza del grupo 5 que cobraba 1.070 euros brutos, tras la reducción salarial se queda con 670 euros si es interino, según el representante de IC.
Además de exigir la retirada de la medida de la reducción de jornada y horario, la huelga pretende que se respeten también los derechos establecidos en el convenio colectivo, que se han ido cercenando progresivamente, y que adquiera protagonismo la Comisión de Valoración e Interpretación del convenio colectivo, ha dicho Rodríguez.
Tanto Intersindical Canaria como otras organizaciones sindicales han presentado al Gobierno de Canarias numerosas medidas de ahorro alternativas a la reducción salarial, como, por ejemplo, un canon a la visita de los parques nacionales para los no residentes que permitiría incrementar las arcas públicas, entre otras muchas propuestas.