Imputan al exsecretario de Urbanismo por Siliuto
El ex secretario de la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes, ha sido llamado a declarar en calidad de imputado el próximo día 20 de mayo por un supuesto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos en la compra de la casa Siliuto de El Toscal. Se da la circunstancia que de que tres días antes también comparecerá, esta vez en principio como testigo, por la causa penal abierta sobre el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz.
Pero no son las únicas. El 1 de febrero pasado declaró, igualmente como imputado por la supuesta falsificación de planos del Parque Marítimo y desde hace seis años y medio se encuentra en esta misma situación procesal en el conocido como caso Las Teresitas. Un nexo común en todos estos asuntos es que actúan como acusación particular los abogados, Felipe Campos y Antonio Espinosa.
La nueva imputación está relacionado con la adquisición en el año 2002 de una vivienda en El Toscal que iba a ser destinada a Casa de la Juventud para lo que se llegaron a realizar tres tasaciones de la cuales se escogió una de las que resultaba menos ventajosa para los intereses municipales.
Ya se ha realizado una primera ronda de declaraciones del primer grupo de imputados formado por el concejal de Urbanismo en aquella época, Norberto Plasencia y todos los miembros que integraban el Consejo de Administración del organismo autónomo como son Manuel Parejo, Dámaso Arteaga y Basilio Franco de Coalición Canaria (CC), María José Gutiérrez Pajarón del Partido Popular (PP), José Luis Martín Rodríguez, del Partido Socialista Canario-PSOE y David Sáenz del grupo mixto.
De esta manera, Reyes es el primer técnico que va a ser interrogado y no resulta extraño si se tiene en cuenta que hasta ahora los demás encausados han coincidido en señalar que se limitaron a confiar en los informes que habían sido elaborados. De hecho el del ex secretario es el único que aparece en el expediente ya que no se llegó a redactar nunca un dictamen de Intervención, ni otro de carácter jurídico.
Malversación y prevaricación
El grueso de la querella presentada en junio por la Fiscalía Anticorrupción apunta a una presunta malversación de fondos públicos y prevaricación, al entender el Ministerio Público que los responsables de la Gerencia compraron la casa, como mínimo, por 188.000 euros más de su valor real. Según se recoge en la denuncia, el Ayuntamiento adquirió el inmueble por 612.000 euros, según la tasación realizada por los dueños y pagó además otros 11.000 por los impuestos que supuso la operación, incumpliendo el acuerdo de que esta última cantidad fuese abonada por los vendedores.
Sin embargo, los propios técnicos de Urbanismo habían tasado la propiedad en casi la mitad, 332.500 euros. Pero hubo otra valoración más, la encargada por Urbanismo a la empresa Tinsa, la misma que hizo la de los terrenos de Las Teresitas, que consideró que el Ayuntamiento debía abonar 706.000 euros. Por su parte, la Fiscalía encargó un informe pericial donde se fija que el valor del inmueble no supera los 475.000 euros.
En el expediente, los anteriores responsables de la Gerencia de Urbanismo defendieron que la diferencia entre las cantidades fijadas en cada una de las tasaciones con las que trabajaron entra dentro de lo razonable en este tipo de operaciones mercantiles. El Ayuntamiento compró este edificio para que albergase la Casa de la Juventud, aunque años después el inmueble permanece cerrado y en un estado de total abandono. Se trata de una casona de tres plantas de más de un siglo de antigüedad.
El edificio está en la calle San Antonio, en la zona de El Toscal protegida con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC). En la actualidad Parejo está imputado por Las Teresitas, el edificio La Ninfa y acusado por la construcción del mamotreto, al igual que Plasencia que también está imputado, además, por el vertido de aguas negras en La Hondura.
