Las irregularidades rodean el Caso Siliuto

La primera ronda de declaraciones de los imputados por la compra de la Casa Siliuto de El Toscal se ha cerrado con un previsible y selectivo silencio y aparente olvido de los detalles que rodearon a esta operación por parte de los ex concejales Manuel Parejo, Norberto Plasencia y Basilio Franco y alguna que otra contradicción en sus argumentos.

Durante su comparecencia en la mañana de lunes en el Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz para esclarecer los detalles que rodearon la adquisición de esta casa que iba a estar destinada a sede de la Juventud, los tres imputados alegaron que no recordaban los pormenores de la operación. Acto seguido aseguraron que en cualquier caso actuaron según los informes que elaboraron los técnicos y sobre todo los del ex secretario de Urbanismo, Víctor Reyes. La juez, Juana María Hernández los ha imputado por presunta prevaricación y malversación de fondos públicos tras haberse acordado la adquisición del inmueble por 612.000 euros según una tasación llevada a cabo por los dueños de la vivienda, lo que supone 300.000 más sobre lo que fijaba el informe de la arquitecta municipal y casi 200.000 euros con respecto a la tasación que se realizó por encargo de la Fiscalía Anticorrupción. Pero además el Ayuntamiento encargó otra valoración a la empresa Tinsa que alcanzaba los 706.000 euros y que según Campos se pudo utilizar para avalar el incremento del valor de la propiedad.

Parejo se negó a responder a cualquier tipo de preguntas que no vinieran de su abogado, Plasencia sólo contestó a las cuestiones que le planteó la magistrada y su defensa y Franco únicamente atendió a los requerimientos de la juez, de la fiscal Anticorrupción, María Farnés Martínez y de su propio letrado. Pero todos ellos coincidieron en negarse a aclarar las preguntas que le planteaban las acusaciones particulares representadas por el abogado, Felipe Campos y el letrado de Izquierda Unida Canaria (IUC), José Pérez Ventura. En cuanto al concejal de Sí Se Puede, Pedro Arcila, que en su momento también presentó esta denuncia no se ha personado por ahora en la causa.

Entre las escasas respuestas ofrecidas por los imputados Campos detectó una contradicción evidente y fue cuando Parejo señaló que ese asunto no se debatió en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo sino que sólo se votó. Plasencia sin embargo lo negó y dijo que se habían puesto sobre la mesa los informes técnicos y las tres tasaciones realizadas entre las cuales no se eligió precisamente la más favorable al Ayuntamiento. Franco por su parte dijo que no sabía ni recordaba nada de lo ocurrido en aquella sesión que tuvo lugar a finales de 2002 y que seguramente se limitó a fiarse de lo que apuntaba Reyes y venía recogido en la propuesta de resolución del acuerdo que se tomó. Campos quiso plantear que ninguno de los tres imputados puede ser considerado como ignorante en cuestiones de Urbanismo ya que a parte de integrar este Consejo de Administración, Parejo ostentó el cargo de concejal de esta área durante varios mandatos, Plasencia es arquitecto y Franco ha ejercido de comisario de la policía nacional, tiene un máster de Administración Pública y se ha especializado en la investigación para la represión de los delitos económicos.

“Por lo tanto no es de recibo que se escuden en su desconocimiento de estas materias ni de estos procedimientos ni que acabaran avalando el pago de 300.000 euros más de lo que les indicaba la propia arquitecta municipal”, señala Campos. El letrado indica que en el expediente no aparece ningún tipo de informe jurídico, ni de otros técnicos, ni de Intervención, “con lo cual ellos debían saber que estaba incompleto y que no podía ser aprobado de esa manera”. Además, la tasación que finalmente se eligió no tuvo en cuenta que este edificio estaba catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC) y por lo tanto sus usos y afecciones no eran iguales a los de otro inmueble.

Otra irregularidad detectada es que en el momento de tomar el acuerdo el suelo no estaba consolidado y por lo tanto la vivienda no podía ser adquirida o que pese a que se había acordado que los dueños de la casona pagaran los 11.000 euros de impuestos por la venta, al final este cargo fue asumido por el Ayuntamiento en el año 2005 cuando se hizo efectivo el abono. “Parejo además, de forma inexplicable no hizo caso a los reparos que en aquel entonces le impuso el interventor pero sí a Reyes que no puso ningún obstáculo al desembolso”, señala el letrado. Sobre el hecho de que los imputados se hayan refugiado en el silencio, Campos apunta que ya el Tribunal Supremo (TS) ha dictaminado que “esta actitud puede suponer un indicio que refuerza las pruebas de cargos”. En cuanto a los argumentos ofrecidos por éstos, el abogado considera que “son poco creíbles” y en su mayor parte “hacen recaer las culpas” sobre el anterior secretario de la Gerencia, de cuya opinión señalaron que “se habían fiado siempre”.

Para el martes están citados a declarar Dámaso Arteaga, el único concejal que aún permanece en la política activa como responsable municipal de Servicios Municipales y Obras y a Juan Antonio Rodríguez Lorenzo representante también entonces de Coalición Canaria (CC) en la Gerencia de Urbanismo. Curiosamente ha sido llamado Antonio Covas fallecido a principios del año 2003. El día 11 se retoman las declaraciones esta vez a la antigua representante del Partido Popular (PP) en el organismo autónomo, María José Gutiérrez Pajarón, al del Partido Socialista Canario-PSOE, José Luis Martín, a quien se le retiraron los cargos del caso de Las Teresitas y a David Sáenz del grupo mixto. Se da por seguro que en las próximas jornadas sean citados a declarar o bien en calidad de testigos o de imputados a los técnicos que estuvieron presentes en la reunión como fueron Reyes; el entonces interventor José Luis Roca (aunque en aquel encuentro fue sustituido por Esther Pérez) o el anterior gerente, José Tomás Martín, imputados todos ellos en el caso de Las Teresitas.

También asistieron a la sesión, Epifanio Gómez y Loreto Ariz actualmente procesados dentro del conocido como caso mamotreto por la construcción del edificio de aparcamientos y centro comercial situado al inicio de la playa y cuya vista oral se desarrollará entre el 18 y el 22 de noviembre próximos. Campos apunta que el modo de actuar asumido en la compra de la casa Siluto es muy parecido a la que se empleó en la adquisición del frente de Las Teresitas. Y eso es así debido a que el Ayuntamiento se decantó por la tasación hecha por una empresa privada que en esta ocasión fue también Tinsa que resultó más cara frente a la realizada por los propios técnicos municipales.