Isabel Rodríguez, ministra portavoz del Gobierno, sobre el caso de Romina Celeste: “La justicia, cuando es lenta, es menos justicia”

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha reconocido este lunes la necesidad de dotar a la administración de Justicia de más recursos tras la puesta en libertad del presunto asesino de Romina Celeste, la joven paraguaya de 25 años que fue asesinada y descuartizada en Lanzarote en 2019.

“La justicia, cuando es lenta, es menos justicia”, ha admitido Rodríguez en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press en la que se ha lamentado del sufrimiento que la decisión judicial ha podido provocar en la familia de la víctima. “Es imposible hacerse cargo del estado de ánimo de esa familia”, ha asegurado Rodríguez.

Ante esta situación, la ministra portavoz ha recordado que el Gobierno de España está trabajando “en dotar a la Justicia de más medios” y revertir los recortes de los que ha responsabilizado al Gobierno del PP.

El marido y presunto asesino de Romina Celeste Núñez salió el pasado viernes de la cárcel de Lanzarote al cumplirse el tiempo máximo de prisión preventiva a la espera de juicio, cuatro años.

Ese mismo día, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acordó incoar de oficio una investigación gubernativa para determinar las posibles disfunciones que, en su caso, se hayan podido registrar en la tramitación del procedimiento por el asesinato machista de Romina Celeste en Lanzarote.

Romina Celeste Núñez murió el 1 de enero de 2019 en su casa de Costa Teguise. Su marido reconoció ante la juez de Instrucción que quemó su cuerpo, lo descuartizó y lo arrojó a diferentes puntos de la costa de Lanzarote, pero hasta la fecha siempre ha negado haberla asesinado, ya que sostiene que se encontró muerta a su mujer al regresar a casa de madrugada y que se asustó, porque temía que le culpasen a él (Romina ya lo había denunciado por malos tratos). 

Este jueves la Audiencia Provincial de Las Palmas decretó su puesta en libertad sin fianza, pero con medidas: el acusado deberá comparecer todos los lunes en sede judicial y deberá designar domicilio en España. Además, está obligado a notificar cuantos cambios de domicilio verifique. Se le retirará el pasaporte y se le prohíbe expedir uno nuevo.