Casi listos los trámites para el acceso a los Juzgados
La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias está tramitando la ejecución de los dos nuevos accesos desde la Avenida Marítima hasta la calle Alicante con los que se dará mayor fluidez al tráfico en el momento de la apertura del nuevo Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, tal y como se ha informado a los dirigentes del Ayuntamiento de la ciudad. La construcción de los nuevos accesos fue asumida por el Gobierno de Canarias en una reunión mantenida con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria el pasado mes de julio.
Desde entonces, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial ha concretado el proyecto y emprendido cuantas actuaciones son necesarias para poder ejecutar los trabajos acordados a la mayor brevedad posible y que consisten en un nuevo acceso a la calle Alicante a través de la rotonda ubicada sobre los túneles de San José, que supone una mejora sobre el proyecto acordado, y otro acceso por la rotonda de Benalmádena, delante del nuevo Palacio de Justicia.
En la programación de los trabajos, el Gobierno de Canarias ha optado por dividir las actuaciones en dos fases, de modo que el acceso por la rotonda de los túneles de San José se pueda adjudicar cuanto antes, a través del procedimiento de urgencia.
Esta primera fase de las obras, que no están contempladas en el convenio de carreteras con el Estado y se ejecutará este año, supondrá una inversión de 500.000 euros, que el Gobierno de Canarias asumirá en su totalidad, acudiendo a un crédito extraordinario.
El segundo acceso de los previstos, que se realizaría a través de un carril adicional en la Avenida Marítima por un importe estimado en 1,2 millones de euros, podría afectar al Bien de Interés Cultural del Cementerio de Vegueta, por lo que existe la posibilidad de tener que diseñar una solución alternativa, que pasaría por reducir la mediana actual, para poder generar el necesario carril. El Gobierno de Canarias está ultimando ya los informes necesarios para la definición exacta de este acceso.
Cronología
La fluidez del tráfico en el entorno del nuevo Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria ha estado en la agenda del actual equipo de dirección de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias desde el inicio de la legislatura.
Ya en octubre de 2.011 se mantuvo la primera reunión con los representantes del Ayuntamiento y el Cabildo, para presentarles un primer proyecto de nuevos accesos que, según los acuerdos adoptados, debía ser ejecutado por el Cabildo de Gran Canaria.
Más de un año y medio después, el Cabildo informó al Gobierno de Canarias de que no realizaría la obra, después de que el reiterado incumplimiento del convenio de carreteras por parte del Estado -que en los dos últimos años ha supuesto un recorte unilateral y desproporcionado de 291 millones de euros- impidiese al Gobierno de Canarias ejecutar determinadas obras insulares complementarias a las catalogadas como “de interés general”, de su competencia.
Es a partir de la reunión del mes de julio cuando la Consejería de Obras Publicas, Transportes y Política Territorial retoma el proyecto consensuado y que ha considerado ampliar además con el tramo de acceso por la rotonda de San José, no previsto inicialmente y cuya ejecución en primer lugar aportará información real sobre su nivel de servicio y sobre el cronograma de ejecución del segundo tramo, que se pretende acompañar a la paulatina puesta en servicio de los distintos módulos que conforman el Palacio de Justicia.
Por lo tanto, desde que asumió la obra, el Gobierno de Canarias, lejos de eludir sus responsabilidades, ha desarrollado un plan de trabajo viable, que incluye el procedimiento de urgencia, y que se realizará en dos fases, que aportarán fluidez al tráfico a medida que se vayan poniendo en funcionamiento los distintos módulos que conforman el Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria.
De ahí que el Gobierno de Canarias rechace la polémica promovida por los representantes del Gobierno municipal sobre una posible marcha atrás en los compromisos gubernamentales, al entenderla vacía de contenido y fundamento real, innecesaria y estéril. Los representantes municipales y los ciudadanos del municipio, pueden tener por seguro que el trámite de urgencia seguido para ejecutar 500.000 euros y completar uno de los accesos antes de final de año no supone la dejación de los compromisos adquiridos por el Gobierno, sino, contrario, una mejora de las condiciones iniciales acordadas con el resto de instituciones.
En ese deseo de lograr nuevos acuerdos, el Gobierno de Canarias vuelve a apelar a la unidad de todas las instituciones canarias, para dejar atrás polémicas estériles y aunar esfuerzos en pro de exigir al Estado el cumplimiento de sus compromisos firmados en los años precedentes y que cambie su política prevista al respecto, porque, de continuar así, los recortes unilaterales agravarán de forma sustancial la actual situación. De esta forma, la Comunidad Autónoma podría contar con recursos para afrontar soluciones más extensas y complejas a la necesidad de accesibilidad de éste y de muchos otros lugares de las Islas.
