Luz de gas en el Gobierno canario
La expresión hacer luz de gas significa el intento de conseguir que alguien dude de sus sentidos, de su razonamiento y hasta de la realidad de sus actos. Según el escritor Javier Marías resume, hacer luz de gas es “persuadir a una persona de que su percepción de la realidad, de los hechos y de las relaciones personales está equivocada y es engañosa para ella misma”.
Hace dos semanas, la consejera de Empleo, Industria y Comercio, Francisca Luengo, cerraba un acuerdo con el Ejecutivo central que mejoraba y garantizaba el encaje canario en la futura Ley Eléctrica. “Mi responsabilidad era garantizar que los canarios, en el futuro, le den al interruptor y tengan luz”, resumía Luengo su actuación.
Apenas alcanzado ese acuerdo, el Grupo Socialista y CC-NC en las Cortes presentaban sendas enmiendas a la totalidad del proyecto legislativo impulsado por el ministro José Manuel Soria, a la sazón líder del Partido Popular (PP) de Canarias. Modificaciones que Luengo consideró que “pueden poner en riesgo el acuerdo alcanzado con el Ministerio”.
¿Descoordinación? No parece probable. Toda vez que tanto la propia Luengo como Fernando Ríos, uno de los hombres fuertes del presidente Paulino Rivero, se encargaron de informar puntualmente a sus respectivos compañeros de partido en la Carrera de San Jerónimo sobre el trámite de las negociaciones.
Aunque desde el Gobierno regional se intentó dar sensación de normalidad con mensajes en los que aseguraban que los socios del Pacto en las Cortes estaban haciendo su papel de oposición a un texto legislativo que afecta a toda España, y no únicamente a Canarias, en el ambiente siguió flotando que en Madrid se estaba desautorizando claramente a Luengo, una consejera que había tenido el pleno respaldo del gabinete de Rivero en sus conversaciones con los responsables del Ministerio de Soria. Una desautorización, por tanto, que se hacía extensiva a todo el Gobierno con su presidente Rivero a la cabeza.
Un mero gesto
Una sensación que no contribuyó a despejar, precisamente, la propia consejera, cuando el 23 de mayo, una semana antes del 30 aniversario de la autonomía, dijo que “la enmienda a la totalidad no pasa de ser un gesto que no modifica el texto ante la mayoría absoluta del PP”.
Posiblemente, cuando el rodillo conservador en el Congreso de los Diputados dio la razón a la consejera, se removieron algunas entrañas políticas entre sus señorías canarias, sobre todo las de la rama socialista tinerfeña, claramente enfrentada al secretario general del PSC y vicepresidente del Ejecutivo, José Miguel Pérez. Un hombre al que, otra casualidad, Luengo es absolutamente leal.
Por ello, se convocó una rueda de prensa para este lunes con el fin de justificar públicamente la enmienda a la totalidad que no prosperó. Un anuncio al que rápidamente se contestó con un comunicado oficial de la Consejería en el que se celebraba que Canarias “tenga una ley eléctrica mejorada gracias al acuerdo alcanzado con el Ministerio de Industria”.
Tras el fracaso anunciado de las iniciativas de PSOE y CC-NC, el Gobierno canario enarbolaba un pacto con Soria que “garantiza el suministro y respeta las competencias”.
Cargas de profundidad
En este ambiente de soterramiento de alto voltaje entre el Gobierno y destacados dirigentes del Pacto en Madrid (no hay que olvidar que la crítica nacionalista Ana Oramas es otra de la protagonistas), el socialista José Segura mantuvo en la rueda de prensa las formas (Luengo “hizo muy bien su papel”, dijo), pero lanzó dos tremendas cargas de profundidad.
La primera, que la consejera, es decir, el Gobierno regional “solo ha pactado las modificaciones que el Ministerio quería conseguir”. La segunda, que el Parlamento no ha presentado una proposición de Ley “para el desarrollo energético e industrial de las Islas” con el que impulsar el sector de las renovables y crear 4.000 puestos de trabajo. Un mensaje nada subliminal dirigido a quien también es la consejera de Empleo en una comunidad aAutónoma que soporta altísimas tasas de paro.
Es decir, que el Ejecutivo regional ha hecho lo que quería Soria que se hiciese y no se ha aplicado en solucionar el problema en el propio Parlamento regional, donde Rivero y Luengo son competentes. En este escenario es Soria quien tiene el interruptor de la luz en sus manos.
El líder político que al principio de la legislatura dijo que iba a “incendiar Canarias” si el PP no entraba en el Gobierno, el dirigente político que cada seis meses hace declaraciones ofreciendo un pacto al PSOE para romper el Ejecutivo regional o da vía libre a mociones de censura que dejan a los socialistas tinerfeños fuera de ayuntamientos como San Juan de la Rambla o Güímar, alimentando el desafecto de los críticos a Pérez, que perdieron los congresos socialistas regional e insular.
Si mantiene lo acordado con Luengo y la Ley se modifica en los términos pactados, hará fuertes a Rivero y Pérez. De lo contrario, serán los disidentes más o menos soterrados de CC y PSC quienes vean la luz.
