Luz verde para el reparto del crédito extra

Salvador Lachica / Salvador Lachica

El Gobierno, como era previsible gracias a la solidez del pacto que lo sustenta, ha salvado el primer escollo parlamentario para aprobar el proyecto de ley de crédito extraordinario de 206 millones de euros al rechazar con los votos de CC y PSC las dos enmiendas de devolución presentadas por los grupos Mixto (NC-PIL) y Popular.

A partir de ahora, a la oposición le queda la posibilidad de presentar enmiendas parciales para intentar solventar lo que el portavoz conservador, Asier Antona, ha calificado de “fraude social”, ya que ni el PP ni NC consideran que el destino de los 206 millones de euros sea luchar contra el desempleo y la pobreza.

El consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, ha sido el encargado de defender el proyecto de ley frente a los duros embates que el mismo ha sufrido desde los bancos de la oposición, recordando que si el Estado hubiera cumplido todos los compromisos de financiación suscritos, Canarias no debería endeudarse.

Y que, además, ese crédito debería ser mayor si el Ministerio de Hacienda hubiera repartido con un criterio más justo la ampliación de los criterios de déficit. Con todo, ha reiterado que el 77% de la ampliación presupuestaria (158 millones) se destina a gasto social, servicios públicos básicos y crecimiento económico que genere empleo. Y que de esta cantidad, 110,5 millones son para sanidad, educación y políticas sociales, es decir, un 54% sobre el global.

Para medidas de crecimiento económico, cuyos recursos se centran principalmente en dinamización, políticas de empleo e inversión pública, se aplican 47,5 millones, lo que supone el 23%. El otro 23% restante de este crédito extraordinario se asigna a la liquidación de gastos comprometidos cuya principal partida se distribuye entre los cabildos insulares.

Fraude social

Unos datos que han sido cuestionados tanto por el PP como por NC, que en este punto han unificado sus discursos hasta el punto de ser casi idénticos. “El crédito es un fraude social, es una burla a los ciudadanos que peor lo están pasando y un zarpazo a la esperanza de los ciudadanos”, ha aseverado Antona.

Para el dirigente conservador, tanto CC como el PSC “se han repartido el botín entre las diversas consejerías, incluso dando migajas a todas las islas, para contentar a todos”, pero no han priorizado el gasto en paliar los altos índices paro y pobreza de las Islas. Un discurso que González Ortiz contrarrestó recordando que “ustedes no tienen capacidad moral para criticar ninguna de las actuaciones que hace el Gobierno en materia de Empleo”, ya que el Ejecutivo central adeuda 128 millones a Canarias y también impide poder pedir créditos en el extranjero, lo que ahorraría a las arcas autonómicas 7 millones anuales en intereses.

“Aquí están las prioridades del Gobierno. ¿Cuáles son las del Gobierno de España con respecto a la ampliación de déficit? Pues tapar los agujeros de su mala gestión”, aseguró el consejero.

Tardío y escaso

Por su parte, el portavoz de Nueva Canarias (NC) en el Grupo Mixto, Román Rodríguez, reconoció que el crédito extraordinario “llega tarde y es escaso”, por culpa del Ejecutivo central, pero pidió al Gobierno canario que “reconozca que lo usan para tapar agujeros” y no para luchar contra la pobreza, el fracaso escolar o paliar las listas de espera.

“El 63% del crédito no va a políticas nuevas, todo lo sustancial es para pagar compromisos adquiridos. No cumplen ni con la ficha financiera del Plan contra la Pobreza aprobado aquí hace un mes”, dijo Rodríguez.

El líder de NC insistió en que “no me creo” los datos del Gobierno y ha acusado al Ejecutivo de “crear unas expectativas y haberlas frustrado”.

El consejero reconoció que existen compromisos adquiridos porque el gabinete que preside Paulino Rivero “ha tenido que suplir algunas carencias del Goierno de España, porque nos quejamos, pero actuamos para que las acciones no lleguen tarde”.

González Ortiz contó con el apoyo del nacionalista José Miguel Barragán y el socialista Emilio Mayoral para defender la distribución de un crédito que ambos reconocieron que era insuficiente para paliar todas las necesidades, pero culparon al Ministerio de Hacienda de la precariedad de fondos.

Barragán incluso recordó al PP que el Ejecutivo central está recortando los fondos para la pobreza, para la dependencia y la sanidad o el empleo, mientras que Mayoral dijo que “debemos felicitarnos de estar debatiendo el destino de un crédito extraordinario, pues en otras autonomías ni siquiera se va a poder hacer” porque su destino es pagar su sobreendeudamiento.

Por tanto, de haber alguna modificación al texto, se realizará a través de las enmiendas parciales que se debatirán en comisión con el fin de que el proyecto sea definitivamente aprobado en la sesión plenaria prevista para el 24 y 25 de septiembre.

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