Luz verde para que el tránsfer vuelva a Gando

Más de una veintena de representantes del sector del taxi de Las Palmas de Gran Canaria ocuparon este viernes los asientos de la parte alta de la Cámara, a la espera de que el pleno del Cabildo insular abordara la aprobación inicial del Reglamento Regulador de las áreas sensibles del aeropuerto, el Puerto de la Luz y de las Palmas y el Puerto de las Nieves.

No hubo sorpresas respecto a la anunciada aprobación, que da paso a un periodo de información pública en el que se podrán formular reclamaciones y sugerencias. Un texto que la consejera insular de Transportes, María del Carmen Rosario Godoy, insistió en calificar como el "más justo posible", elaborado con el "mayor consenso" y con el que se había intentado hacer el "menor daño posible".

Sin embargo, la oposición cuestionó el mencionado consenso y echó en falta un mayor diálogo con los grupos políticos. Por su parte el portavoz de Nueva Canaria (NC) en la Institución grancanaria, Carmelo Ramírez, advirtió de la ruina que supondría para los trabajadores de Telde la declaración del aeropuerto como área sensible y señaló que de las 2.700 licencias de la isla, más de 1.600 corresponden a Las Palmas de Gran Canaria (60 %), 320 a Ingenio y Telde (12 %) y más de 780 al resto de municipios (28 %).

El reglamento abre la mano para que los taxis provenientes de municipios ajenos a Ingenio y Telde puedan recoger clientes en el aeropuerto bajo una serie de condiciones, que recuperan en tránfer (el contrato previo con un pasajero para ir a recogerlo). Algo que no ha gustado en dichos municipios, que operan de forma exclusiva en Gando desde el pasado septiembre y cuyos ayuntamientos habían mostrado su disconformidad y habían anunciado que no descartaban acudir a los tribunales si la medida salía adelante.

Entre otros condicionantes, el documento obliga a comunicar al Cabildo el tránsfer con un tiempo determinado de antelación, además de que los vehículos estacionarán en zonas acondicionadas para los mismos durante 30 minutos.

Una enmienda del Partido Socialista (PSC) que insta a habilitar en un periodo de seis meses una plataforma telemática que controle los tránsfer y prevenga situaciones de fraude, se convirtió en el punto incomprendido del día. Dicha enmienda se había presentado modificada y había ampliado el plazo estipulado a 12 meses, sin embargo, finalmente se aprobó la propuesta original de los socialistas. La portavoz del PSC, Carolina Darias, puso sobre la mesa la falta de datos actualizados para poner en marcha la medida y advirtió que hasta que no se comience a utilizar la mencionada plataforma "va a haber fraude".

Las explicaciones de Rosario Godoy contaron con los aplausos de los asistentes, que al parecer habían sido convocados previo aviso y abarrotaron los asientos, lo que no permitió la entrada de más personas a la sala. El rechazo de la oposición elevó el tono del presidente, José Miguel Bravo de Laguna, que insistió en la necesidad de poner en marcha la iniciativa y exigió "no poner puertas al campo" ante un colectivo que "se parte el pecho" para tener una actividad meritoria. Una intervención de la que receló Ramírez, que recomendó al dirigente insular que "no nos eche ningún sermón, que ya la Semana Santa pasó".

Un comentario irónico de Bravo de Laguna, que se refirió a la duplicidad de algunas infraestructuras de Tenerife, como los aeropuertos, así como "incluso los censos" dio pie a otro de los asuntos que se abordaron durante la jornada, la revisión de los padrones canarios.

Revisión del Padrón

Donde sí hubo unanimidad e incluso los grupos hicieron acopio de un claro ejemplo de cooperación fue en la aprobación de una moción para exigir al Instituto Nacional de Estadística (INE) y al Consejo de Empadronamiento que se revisen los padrones de todos los municipios de Canarias anteriores al 1 de enero de 2012.

Además de estudiar las acciones oportunas para defender los intereses del Cabildo que hayan podido resultar perjudicadas por unas cifras de población que no correspondían a la realidad, como en el caso del municipio de Santa Cruz de Tenerife, cuyo padrón acaba de ser reducido en 15.000 habitantes por el INE. Un texto que contó con la participación de todos los grupos y que se reescribió a medida que se abordaba.

Bravo de Laguna no escondió sus diferencias con el tratamiento que recibe Gran canaria respecto a la isla vecina en los asuntos de urgencia y al abordar la prefinanciación de la IV fase de la circunvalación lamentó que para cerrar el anillo insular de Tenerife se destinen fondos, mientras que la carretera de la Aldea permanece incompleta.

También se trató como urgencia el convenio alcanzado con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canarias sobre el Complejo Ambiental del Salto del Negro, cuyas cifras de adquisión de la parcela dijo desconocer la oposición, que se abstuvo en la votación. También se abordaron otros temas, como la apertura de los comedores escolares durante el verano y el retraso en la elaboración del Plan de Hidrocarburos.

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26 de abril de 2013 - 21:21 h

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