Podemos mantiene su “disgusto” con el nombramiento de Blas Acosta como viceconsejero de Economía

La coordinadora general de Podemos en Canarias, Laura Fuentes, ha dicho este martes que su partido mantiene el “disgusto” con el nombramiento de Blas Acosta como nuevo viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias aunque ha admitido que es competencia del PSOE.

“No cambiamos nuestra posición”, ha apuntado en rueda de prensa, subrayando que aunque respetan la “presunción de inocencia” de Acosta, al tener pendientes dos causas abiertas por la Fiscalía se podría “esperar” hasta que se aclare su situación judicial.

“Será cuestión del PSOE valorar hasta qué punto le interesa seguir con el nombramiento o no, que parece que así va a ser”, ha dicho. Podemos ha anunciado que consultará a sus bases si continuar formando parte del Gobierno regional pese a este nombramiento, que está previsto se apruebe este jueves, en el Consejo de Gobierno.

Investigaciones abiertas

Acosta está encausado en estos momentos en dos procedimientos por varios delitos relacionados con la corrupción en los que la Fiscalía pide para él penas que suman siete años prisión, en ambos casos relativos a su pasado como concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pájara, concretamente cuando estuvo al frente de la empresa pública municipal de gestión urbanística Gesturpa. Entre los años 2010 y 2015 se detectaron diversas irregularidades contables en la sociedad, cuyo cometido era el desarrollo urbanístico del municipio majorero, que dieron la pie a la apertura del procedimiento penal que ahora afronta su recta final.

En los fundamentos jurídicos del auto, una vez examinada toda la documentación existente, se concluye que entre los ejercicios 2010 y 2015, fechas en las que Blas Acosta era administrador único de Gesturpa, se incluyeron “datos falseados” en las cuentas de la empresa pública “que no reflejaban la imagen fiel de la sociedad”. La magistrada que ha llevado la instrucción hace hincapié en que “el investigado no procedió a disolver la sociedad pese a concurrir causa legal para ello, generando una situación de sobre endeudamiento de la misma”. Gesturpa no fue disuelta hasta el 28 de julio de 2016.

De especial relevancia para la jueza es el hecho de que Gesturpa recibió en 2012 un préstamo de 1,6 millones de euros “que agravó aún más la deuda que tenía en dicho momento, sin que conste justificación alguna de la necesidad de dicho préstamo ni tampoco su destino”.