Norberto Plasencia representará al Ayuntamiento de SCTF en CajaCanarias
Coalición Canaria (CC) con el silencio del Partido Socialista Canario-PSOE en Santa Cruz ha decidido elegir al exconcejal de Obras de este Ayuntamiento, Norberto Plasencia, como representante de la Corporación local en la asamblea de CajaCanarias. En estos momentos el ex edil se encuentra acusado por el conocido como caso mamotreto e imputado por el vertido de aguas fecales en La Hondura, la negativa a ejecutar una sentencia de derribo en La Ninfa y ha sido llamado a declarar también como imputado por la Fiscalía por la adquisición de la compra de la casa Siliutto.
El asunto fue tratado en la última sesión plenaria y resultó contestada por los miembros de la oposición quienes mostraron sus críticas ante el hecho de que una persona que en estos momentos se encuentra en esta situación procesal represente al Ayuntamiento en la entidad financiera. La principal razón por la que el que había sido uno de los principales hombres de confianza del ex alcalde, Miguel Zerolo, no fue incluido en las listas electorales de 2011 fue precisamente por su situación judicial.
Plasencia junto con el también ex concejal, Manuel Parejo, son los miembros del anterior grupo de gobierno que acumula más imputaciones e incluso ya existe una petición firme de la Fiscalía contra los delitos medioambientales de tres años de prisión por el caso mamotreto. Este último asunto se refiere a la construcción de un edificio que iba a albergar un parking y un centro comercial al inicio de la playa de Las Teresitas sin contar con permiso de la Dirección General de Costas y el Gobierno de Canarias propietarios del suelo donde se ejecutaron las obras. Pero además el edificio se levantó después de que el Tribunal Supremo (TS) hubiese obligado a devolver otra parte de los solares a sus antiguos propietarios Inversiones Las Teresitas (ILT).
En cuanto a La Ninfa la imputación surge de la fecha en la que ocupó el cargo de concejal de Urbanismo en 2002 , momento en el que según los vecinos denunciantes se opuso a la demolición ordenada por el Supremo. En aquel momento, el edil comunicó a la sala que no era posible la ejecución de la sentencia, dado que con fecha 31 de julio de 1996 se había otorgado nueva licencia “que ya se ajustaba al Planeamiento amén de los perjuicios que se iban a irrogar a terceros”.
El caso de la compra de la casas Siliutto es el más reciente y se basa en la adquisición de un inmueble en El Toscal para albergar la casa de la juventud y la existencia de hasta tres tasaciones distintas de las cuales el Ayuntamiento eligió la más cara. Por último, la imputación de La Hondura se basa en el vertido diario de miles de litros de agua sin depurar a esta parte del litoral lo que ya ha dado lugar a la ratificación de varias sanciones por parte de los tribunales.
