Nueva Canarias denuncia que el Ayuntamiento de Mogán ha gastado más de 4 millones fuera del procedimiento legal

Nueva Canarias (NC) en el municipio grancanario de Mogán denuncia que en 20 meses, la alcaldesa, Onalia Bueno (Ciuca), ha permitido el gasto de más de 4 millones de euros en contrato saltándose el procedimiento legal.

Según indica NC en una nota de prensa, el primer Teniente de Alcalde y alcalde accidental de Mogán, Mencey Navarro, convocó el pasado 27 de diciembre un pleno extraordinario y urgente para aprobar el último expediente de reconocimiento de créditos del 2019 para proceder al pago de facturas de agua y alumbrado por un importe de 732.211,22 euros.

Una vez aprobado este expediente, explica NC, suma junto a todos los anteriores la cuantía total de 4.284.555,6 euros, una cantidad “muy elevada que pone de manifiesto el caos administrativo que impera en el Ayuntamiento de Mogán, pues todos los pagos realizados por esta vía excepcional carecen de procedimiento administrativo alguno, conforme dicta la ley de contratos del sector público”.

NC asegura que así lo han expresado los diferentes interventores que han tenido la responsabilidad del control de los gastos del municipio a lo largo de numerosos informes. En ellos, subraya NC, coinciden en que todos los gastos “son nulos de pleno derecho derecho debido a la ausencia total y absoluta del procedimiento de contratación previo a la concentración de los gastos”.

De estos informes, destaca NC, “merece la pena resaltar el informe que emitió el anterior interventor municipal en relación a los gastos autorizados por el concejal de Deportes, Luis Miguel Becerra, que representan el 18,3% de todas las facturas que ha venido convalidando el gobierno de Mogán desde marzo de 2018, o lo que es lo mismo, 785.898,7 euros”.

Según este informe, indica el comunicado de NC, desde el 2016 “el gasto en Deportes se había disparado, afirmó que no existía contrato en vigor que amparase la prestación del servicio debido a que en el año 2016 ya se había consumido todo el crédito disponible establecido en el contrato, y que el importe facturado en 2017 era superior a lo facturado por los mismos conceptos en el año 2016”.

Nueva Canarias añade que en el informe el interventor advertía de que dicha irregularidad debía subsanarse, llegando a afirmar, con posterioridad, que esto se debe al “incumplimiento del concejal de Deportes, que es el responsable directo de la no aplicación de medidas que subsanen y corrijan este gasto descontrolado en la concejalía”.

Sin embargo, y a pesar de las advertencias del interventor municipal, el concejal ha seguido autorizando gastos fuera del contrato, lo que, en opinión de Nueva Canarias, “pone en evidencia que no se ha adoptado ni una sola medida que acabe con este goteo de irregularidades”.

Nueva Canarias destaca que se repiten los gastos en telefonía, que se han estado ejecutando sin contrato alguno que los ampare a pesar de que la concejal de NC Isabel Santiago advirtió hace dos años de que estos gastos no tenían sustento legal.

El comunicado añade que la situación del gasto en agua y alumbrado acumula el mayor porcentaje de gastos y que el gobierno de Ciuca es incapaz de controlar y que representa “una auténtica sangría para las arcas municipales”.

“Ciuca y sus concejales han puesto de manifiesto que no les importa el contenido de los informes que emiten los diferentes interventores municipales, pues de lo contrario habrían desarrollado medidas que paren este descontrol en el gasto”, critica NC.

Ante esta situación, añade la nota, “NC presentó una enmienda por cada uno de los expedientes que se han sometido a consideración plenaria para que se inicie el procedimiento de responsabilidad patrimonial y que aquellos que son responsables de los gastos ejecutados sin seguir el procedimiento establecido asuman de su bolsillo estos gastos”.

Pero el gobierno de Onalia Bueno, según explica NC, ha rechazado sistemáticamente todas las propuestas presentadas por la formación nacionalista, “permitiendo que se sigan contrayendo gastos al margen de la ley de contratos y que sean los vecinos los que sigan pagando las malas decisiones de Ciuca”.

Para NC “toda esta situación de convalidación de facturas al margen de los procedimientos, y por tanto de ausencia total de control del gasto, es una de las causas principales que motivaron la aprobación del plan económico financiero de Mogán por incumplir la regla del gasto impuesta por el Gobierno de España y que ha llevado al actual interventor a advertir que, de seguir por esta senda de incumplimientos, el Ayuntamiento de Mogán se podría enfrentar a una posible intervención por parte del Ministerio de Hacienda”. Esto tendría como última consecuencia la disolución de la Corporación de Mogán por el desarrollo continuado de una gestión gravosa para los intereses municipales.

Según expresó la concejal Isabel Santiago “lo responsable es adoptar medidas que garanticen que estas situaciones irregulares no se produzcan más. Y si a los buenos gestores hay que pagarles, como afirmó la alcaldesa en un pleno, no es menos cierto que también hay que exigirles que las cosas se hagan bien”.