Nueva Canarias solicita al Ayuntamiento de Mogán el expediente que permitió el derribo de las chabolas de Tauro

Nueva Canarias Mogán ha solicitado al Ayuntamiento una copia del expediente que permitió a la empresa catalana Desokupa derribar el pasado mes de julio varias chabolas en la playa de Tauro.

La concejala del partido nacionalista, Isabel Santiago, explica que vecinos de esta playa se han puesto en contacto con ella para transmitirles su “preocupación” por el modo en el que se produjo el derribo.

Los vecinos transmitieron a la concejala que ningún responsable el Ayuntamiento de Mogán estuvo presente en el momento del derribo para comprobar, al menos, si la empresa contaba con todos los permisos necesarios para llevar a cabo las acciones de demolición.

A Santiago le sorprende las declaraciones de la alcaldesa, Onalia Bueno, quien declaró que el Ayuntamiento “no tiene nada que ver en este asunto”. La concejala nacionalista recuerda que es precisamente esta administración la que debe haber dado la autorización para que se produjeran los derribos.

Además, la concejala entiende que el Consistorio debió de comprobar, antes de haber dado la autorización para los derribos de las 13 chabolas, la situación social de sus ocupantes pues parece que al menos tres de ellos no tenían otra vivienda, lo que les ha obligado, al menos a uno de estos, a instalarse en una tienda de campaña bajo el puente del barranco de Tauro.

Nueva Canarias ve “vergonzoso” que los servicios sociales no hayan intervenido en el derribo a través de la emisión de informes sociales que recojan la situación de cada una de las personas afectadas.

Por este motivo, y para esclarecer los hechos y las responsabilidades políticas a las que haya lugar, Isabel Santiago ha solicitado por escrito a la concejala de Servicios Sociales el acceso y copia de los informes que debe haber emitido el departamento que dirige sobre los ocupantes de las chabolas.

“Este hecho es muy grave porque de lo que se está hablando es del conflicto que surge entre el derecho constitucional a poseer una vivienda digna y el derecho a la propiedad, y de las herramientas con las que se cuenta para hacer efectivo un derecho sobre el otro”, explica Santiago.

“No se puede consentir, por muchos permisos que puedan tener, actuar de este modo, sobre todo porque algunas de las personas afectadas se han quedado literalmente tiradas en la calle”, concluye la concejala.