Núñez achaca a Martín la preferencia por suelo público en el concurso eólico
Así lo manifestó Antonio Núñez, que fue viceconsejero de julio de 2003 a mayo de 2005, durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que investiga las presuntas irregularidades cometidas en la convocatoria del concurso para asignar parques de energía eólica en las Islas.
Antonio Núñez aseguró que los borradores del concurso difieren enormemente del resultado final y aseguró que los mayores errores en la gestión de la Consejería son achacables en buena parte al equipo de la anterior legislatura, aunque matizó que no se refería a irregularidades. Núñez precisó que como viceconsejero tenía la labor de impulsar y coordinar la gestión de las distintas áreas, pero quien establecía el criterio político era el ex consejero de Industria Luis Soria.
En cualquier caso, las cuatro órdenes de la convocatoria del concurso de la energía eólica “pasaron por mis manos” y se corrigieron “muchos borradores” a partir de febrero de 2004, explicó Núñez. El documento referente a los aspectos técnico-administrativos se entregó, después de sus vacaciones de verano, “con muchas correcciones de mi puño y letra, incluso de las fórmulas matemáticas”, matizó.
A mitad de agosto de 2004 remitió el formato preliminar de las órdenes al consejero Luis Soria, entonces de vacaciones, para que les diese el visto bueno antes de su redacción final, como había pedido el presidente Adán Martín, añadió. A partir de ahí se produjeron reuniones de coordinación entre la Consejería de Industria y Presidencia sobre los “flecos” pendientes y el tramo final de la redacción de las órdenes se produjo a mediados de septiembre.
El ex viceconsejero aseguró que después de varias “discrepancias políticas” entre Presidencia e Industria se introdujo en las órdenes el baremo de la prima de terrenos públicos y a mediados de septiembre estaban prácticamente listas y se convocó a los cabildos para informar de las líneas generales. En las reuniones a las que asistió Núñez “nunca se transmitió orden o borrador ni nunca se concretó la potencia a asignar”, pero sí surgieron debates sobre la cuestión de si se iba a primar o no el terreno público, un asunto que procedía de la anterior legislatura y que fue impulsado por el presidente del Gobierno, agregó.
El consejero de Industria nunca tuvo el criterio de dar los borradores ni siquiera a los cabildos sino información genérica, dijo Núñez, quien especificó que esta postura la compartía el presidente del Gobierno.
“Disparates” iniciales
Preguntado por la diputada socialista Gloria Gutiérrez de quién partió la idea del baremo y de primar el suelo público, el ex viceconsejero dijo que no de la Consejería de 2003, porque el consejero Luis Soria no tenía el criterio de establecer diferencias entre el suelo público y el privado. La estructura general de las órdenes procedía de la Consejería de 2001, de la anterior legislatura, dijo Núñez, quien se refirió a la creación de la compañía Vientos del Atlántico, integrada por Endesa y las empresas públicas Sodecan e Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) con el objetivo “no de pilotar el concurso, sino de disponer de una herramienta para la participación de las entidades públicas”.
Entre la redacción inicial y la final hubo cambios “notables y significativos”, pues en los borradores había “disparates” como la idea de adjudicar 890 megavatios, lo que fue advertido por Red Eléctrica de España, que señaló que la red no iba a soportar esta potencia. Aunque se acordó reducir la cantidad hasta los 200 megavatios, Adán Martín consideró que esta reducción era “inasumible políticamente”, según Antonio Núñez, y finalmente, “quizás por razones políticas”, se cerró la cifra en 340 megavatios.
Además la Consejería centró su labor en “tratar de aminorar las primas” al suelo público “que no veíamos adecuadas y no creíamos en ellas, pues entendíamos oportuno dejar abierta la participación a todos los promotores”. Como el Gobierno sí quería favorecer al suelo público se corrigió el baremo y se produjeron numerosos “pleitos” con promotores en cuanto a la prima del terreno y la maquinaria, aunque Núñez dijo que no le preocupó este asunto porque al fin son “discrecionales”.
El mayor problema fue la declaración de nulidad del decreto por el que se convocaban las órdenes y un error de la Consejería fue no meditar suficientemente la presentación del recurso por el que se solicitaba la anulación, ante lo cual los servicios jurídicos del Gobierno fueron “optimistas”. Recordó el ex viceconsejero que acompañó al presidente Adán Martín “en una especie de gira de presentación” del desarrollo de la energía eólica que duró unos seis meses y reiteró que si se transmitieron los borradores de las órdenes, lo que no le consta, serían en todo caso versiones muy preliminares del concurso que, más que ayudar, hubiesen inducido a confusión a las personas que hubiesen manejado esa información.
Añadió que en los borradores se hablaba en términos “vagos y no correctos” de que la Dirección General de industria se haría cargo de la comisión técnica de evaluación del concurso y luego el consejero Luis Soria quiso ser el encargado de nombrarla, lo que nunca se efectuó ante la nulidad del concurso.
“Todos nos quedamos preocupados”
En cuanto a la reacción del consejero tras conocer las primeras denuncias sobre las presuntas irregularidades en el concurso, Antonio Núñez dijo que Luis Soria le pidió que hablase con el entonces director general de Industria, Celso Perdomo, quien negó completamente de que “de ninguna manera” hubiese difundido los borradores de las órdenes y dijo que esa noticia estaba manipulada y no se ajustaba a la realidad.
“Yo le creí”, dijo el ex viceconsejero, quien afirmó que pasó esa información “sobre la marcha” al consejero. “Creo que todos nos quedamos preocupados”, aunque “a mí realmente no me casaba que eso pudiese ser así, si bien es cierto que en la conversación con el director general éste dijo que habría que ver si los empresarios tenían alguna información y de qué tipo”, añadió Núñez.
También se informó del asunto a Presidencia pero no hubo mucho tiempo para más porque el 5 de mayo de 2005 “ya sabíamos que el Gobierno se rompía”, dijo Núñez en alusión a la ruptura del pacto entre CC y PP, y en la Consejería sólo hubo plazo para preparar la intervención parlamentaria de Luis Soria en respuesta a una interpelación del PSC sobre este asunto.
