La oposición insta a ocupar ya la Refinería
La oposición del Ayuntamiento de Santa Cruz considera que la reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) que resta valor a los terrenos de la Refinería y se considera que esta industria supone un obstáculo para el desarrollo urbanístico de la ciudad otorga a la Corporación local la posibilidad de comenzar desde ahora a planificar a qué se van a dedicar estos casi 600.000 metros cuadrados.
El concejal de Ciudadanos de Santa Cruz, Guillermo Guigou, estima que no hace falta esperar a que este solar se dedique a otros usos para exigir que la Refinería entregue a la ciudad el 10% de terrenos que según el Supremo pertenecen a Santa Cruz. En el propio fallo judicial se avala la posibilidad de que a lo largo de la industria se establezca un sistema viario que conecte la capital con esta parcela y con los barrios limítrofes. Una actuación que podría comenzar a ejecutarse de forma inmediata.
Guigou reprochó al concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt, que con su posición actual “se desdiga” de lo que había mantenido cuando estaba a en la oposición. Cree que debe ser desde ahora más contundente a la hora de planificar la retirada de la Refinería de la ciudad. “Exigimos que en el nuevo Plan General de Ordenación (PGO) que actualmente está en la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) se especifique con más claridad cuál es el futuro de estos terrenos y creemos que es totalmente necesario establecer una fecha límite para la retirada de la Refinería”.
Para ello, el concejal considera adecuada la elaboración de un Plan Especial Territorial, adjudicado hace años por el Cabildo pero que jamás se ha llegado a redactar, en dónde se contemple el futuro de la industria y su traslado fuera de la ciudad. “Además creemos que no hay por qué esperar a que la ciudad pueda ya disponer de ese 10% de los terrenos cuya propiedad nos ha reconocido el Tribunal Supremo”. Una superficie que viene a ser algo menor a la de un nuevo Parque García Sanabria y que se dedicaría a espacios libres y dotaciones públicas.
El concejal de XTFE, José Manuel Corrales, se posicionó en idéntico sentido y se lamentó de que el PGO en su actual redacción haya supuesto “una oportunidad perdida” para planificar el suelo que actualmente ocupa esta industria. Indica que en el PGO apenas se incluye una reflexión “teórica” sobre esta bolsa de suelo cuando “lo lógico es que se inicie de inmediato la recuperación de esta enorme parcela”.
Recordó que en anteriores versiones del Plan General ya se fijaba un plazo de 12 años para el desmantelamiento de la industria, que finalmente se eliminó “por las presiones que en aquel entonces ejerció” el ex concejal del Partido Popular (PP), Ángel Llanos. “No estamos hablando de una cuestión de simple voluntariedad sino de cómo ordenar una bolsa importante de suelo que no puede estar superditada a meros intereses empresariales”.
Lamentó que el concejal de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencout, haya remitido la solución de este enclave a la redacción de un plan especial, un instrumento que según dijo, “nunca jamás, que yo haya visto ha resuelto nada”. Para Corrales, el Ayuntamiento “con esta sentencia tiene en sus manos ahora mismo la herramienta perfecta para planificar un terreno que debe abrirse a la ciudad”. En principio consideró que lo conveniente es planificar, al menos, ese 10% de terrenos que el Supremo considera que debe ser entregado al Ayuntamiento.
A parte de los argumentos urbanísticos cuya victoria frente al Supremo ya parecen ser irrebatibles, también existe una lucha en los tribunales donde se ha presentado una denuncia por los efectos que la contaminación está causando sobre la salud de los chicharreros y que ha sido presentada por Ciudadanos de Santa Cruz (CSC).
El abogado de este partido y ex concejal, Ángel Isidro Guimerá, presentó a principios de este año en la Fiscalía de Medio Ambiente una denuncia contra Cepsa y el Gobierno de Canarias por las consecuencias que para la salud y el medioambiente pueden tener las emisiones de la Refinería. Guigou, ha señalado que en el documento se aportan datos e informes “cualificados” que demuestran los prejuicios que provoca la actividad de la instalación a los ciudadanos.
El concejal ha resaltado que hay un informe de Salud Pública, institución que pertenece al Gobierno de Canarias, que vincula la contaminación con ingresos hospitalarios y que desde el 28 de diciembre de 2011 está en manos del Ayuntamiento. El edil ha resaltado además que le causa sorpresa que cada vez que la Refinería sobrepasa los límites de emisión “se desenchufan las estaciones medidoras”, de las que muchas de ellas se encuentran dentro de las instalaciones de Cepsa.
La demanda de CSC ha solicitado la declaración de los responsables de la empresa sobre los aspectos que relata el documento, “especialmente sobre las conclusiones del estudio realizado por la Universidad de Santiago de Compostela, sus consecuencias y las medidas tomadas al efecto por la compañía petroquímica”.
CSC ha pedido también la declaración del ex consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias y actual responsable del área de Obras Publicas, Ordenación Territorial y Transportes, Domingo Berriel.
Además, CSC ha solicitado a la Fiscalía que reclame la instalación de estaciones medidoras propias que permitan obtener datos objetivos de la contaminación en la ciudad.
