El Parlamento de Canarias convalida el decreto que otorga a los municipios más fondos para hacer frente a los efectos de la pandemia

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad la convalidación del decreto ley que flexibiliza el Fondo Canario de Financiación Municipal (FCFM) para 2020, por el que se anticipan 103 millones a los consistorios y quedan liberados de las condiciones para el 50% con el fin de que puedan disponer de más financiación para hacer frente a los efectos de la pandemia de la COVID-19.

Según ha informado el Ejecutivo regional, la Cámara acordó tramitar el decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. La finalidad estriba en la transferencia a los ayuntamientos de 103 millones de euros que se previa efectuar en diciembre y, al mismo tiempo, flexibilizar el uso del fondo para el presente ejercicio 2020 con el objetivo de aportar liquidez a los municipios, por un lado, y otorgarles libertad para utilizarlo, sin la condición de destinar el 50% a inversiones.

En esta misma línea, se autoriza la disponibilidad del FCFM incluso si no se cumple con los indicadores de saneamiento económico financiero. Por su parte, el Gobierno consensuó con la Fecam autorizar a que en 2020 se anticipe el 70% del importe previsto. Si no se hubiese modificado las condiciones de este fondo, los ayuntamientos solo hubiesen percibido un anticipo del 35% y el resto se transferiría a final de año. Al anticipar los 103 millones adicionales, los municipios ya disponen del 70%.

Al mismo tiempo, la nueva norma establece un régimen excepcional del FCFM en el presente ejercicio, para que pueda destinarse a gastos relacionados con los servicios públicos esenciales, así como a gastos derivados de la respuesta a la crisis sanitaria, incluidos los derivados del fomento e implantación de sistemas de teletrabajo del personal al servicio de los ayuntamientos.

Los ayuntamientos que se encuentren en un estado financiero más complicado tendrán la opción de mantener el destino de saneamiento financiero de esta parte del Fondo. Además, como medidas de apoyo a la tesorería de los ayuntamientos que por la declaración del estado de alarma han adoptado medidas coyunturales de aplazamiento de los períodos de cobranza de sus tributos periódicos, se establece la no aplicación de las reducciones por incumplimiento de los condicionantes de la cuantía de libre disposición. Y la obligación de presentar las auditorías de liquidación del ejercicio presupuestario de 2019 queda circunscrita a los solos efectos del diagnóstico económico-financiero.

Este decreto, que será tramitado como proyecto de ley, también incluye la modificación de la normativa de Fomento de la Participación Ciudadana con la eliminación del registro previo, que según el Gobierno supone una traba en los procesos participativos.

Aunque el decreto ley fue aprobado por unanimidad, los grupos de la oposición criticaron que el Gobierno metiera “de rondón” esta modificación de la ley de Participación Ciudadana y han aludido al informe del Consejo Consultivo que cuestiona la urgencia de este segundo apartado de la iniciativa del Gobierno de Canarias.

El consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, fue el encargado de defender ante la sesión plenaria este decreto ley que, según ha dicho, toma dos decisiones fundamentales y la primera es ampliar las finalidades a las que se puede destinar el fondo y elimina alguna de las restricciones que impone la ley del Fondo, que data de 1999.

Pérez ha explicado que también se producirán nuevas entregas a cuenta para que los ayuntamientos puedan contar con fondos con los que hacer frente a los efectos de la pandemia.

En cuanto a la modificación de la ley de Participación Ciudadana, el consejero ha indicado que se pretenden eliminar trabas como la que supone la inscripción previa en un registro y como ejemplo ha señalado que en los 10 años de vigencia de la ley solo se han inscrito 44 personas y 23 entidades.

Manuel Martínez, del grupo Socialista, ha considerado que este decreto ha sido elaborado por dos consejerías en un claro ejemplo “de cómo trabaja este gobierno” y ha criticado que a la oposición le interese más el enfrentamiento con el Gobierno central que debatir propuestas que beneficien al municipalismo.

Además el portavoz parlamentario ha resaltado la importancia de la participación ciudadana y ha requerido a PP y Cs que se unan al pacto por la reconstrucción de Canarias.

Socorro Beato, del grupo Nacionalista, ha indicado que desde el 8 de mayo el Gobierno tenía el visto bueno del Consejo Municipal de Canarias para la flexibilidad del Fondo y ha tardado tres meses en aprobar el decreto ley, hecho que la parlamentaria ha atribuido al “inmovilismo y la pasividad” del Ejecutivo canario.

Beato ha dicho que su grupo no discute sobre la participación ciudadana ya que fueron promotores de la ley pero ha opinado que en este caso “las formas no son la adecuadas” y ha pedido al Gobierno que revise si las nuevas medidas sanitarias y las sanciones son de obligado cumplimiento solo con un acuerdo del Consejo de Gobierno.

Por parte del grupo Popular, Manuel Domínguez ha dicho que se trata de un decreto “curioso” y ha preguntado qué es lo que pretende el Gobierno al “esconder” la modificación de la participación ciudadana en un decreto sobre la flexibilidad del Fondo de Financiación Municipal.

“Es una chapuza”, ha dicho el portavoz del PP, que ha aludido al informe del Consejo Consultivo y ha afirmado que en el pacto por la reactivación social y económico se olvidaron poner “no robarán” en referencia al uso de los remanentes municipal por el Gobierno central.

Sandra Domínguez, del grupo de Nueva Canarias, ha destacado la posibilidad que permite el Estatuto de Autonomía de utilizar el decreto como una herramienta para afrontar situaciones de urgencia y necesidad.

Domínguez ha considerado que el Fondo de Financiación Municipal necesita una revisión pausada pero ha reconocido que ha sido una herramienta que ha permitido la coordinación entre administraciones y ha considerado que dotarlo de una mayor flexibilidad para atender los gastos sobrevenidos de la pandemia es fundamental.

El portavoz del grupo de Sí Podemos Canarias, Manuel Marrero, ha manifestado que los dos aspectos que aborda este decreto ley son fundamentales y en el caso de la flexibilización del Fondo de Financiación Municipal ha señalado que “es incontestable” y permitirá que los ayuntamientos puedan disponer de fondos para acometer funciones “propias e impropias”.

Marrero también ha defendido la participación ciudadana como esencial para un Gobierno abierto y ha considerado que en su informe el Consejo Consultivo vierte “opiniones”.

Melodie Mendoza, del grupo de Agrupación Socialista Gomera, ha defendido que los ayuntamientos y cabildos estén adecuadamente financiados ya que son fundamentales para paliar los efectos de la crisis sanitaria.

Si no se compensan las pérdidas de ingresos es muy difícil mantener el estado de bienestar en sus municipios, ha dicho la parlamentaria, quien ha destacado la ampliación de los destinos de los fondos y que la liquidez pueda utilizarse en fines sanitarios y sociales.

Vidina Espino, del grupo Mixto, ha criticado que en un verano “atípico” lleno de incertidumbres relacionadas con cuestiones como el inicio del curso escolar, el repunte de los casos o el sector turístico, los grupos que apoyan el Gobierno no hayan aceptado debatir estos asuntos en el pleno extraordinario hoy y haya que esperar al pleno ordinario del 15 de septiembre.

Espino ha compartido la urgencia de una parte del decreto pero no de la otra, por lo que ha considerado que se trata de un decreto tramposo y ha acusado al Gobierno de utilizar la picaresca al tiempo que ha dicho que no se eliminan las trabas para las pymes ni para los autónomos y solo se elimina un registro para la participación ciudadana.