Spínola garantiza la máxima intimidad a los empleados públicos

Román Rodríguez, este martes, durante la sesión parlamentaria. (Efe/Cristóbal García)

Efe

Santa Cruz de Tenerife —

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Francisco Hernández Spínola, recordó este martes que en 2002 se aprobó el acceso a los datos clínicos de los empleados públicos al cuerpo de inspectores médicos para combatir el absentismo y controlar las incapacidades laborales y aseguró que el Gobierno regional garantiza “la máxima protección a la intimidad de los trabajadores públicos canarios”.

Hernández Spínola, en una comparecencia parlamentaria sobre acceso a la historia clínica de los empleados públicos canarios para controlar el absentismo y las incapacidades laborales, instada por el grupo Mixto, señaló que en el anteproyecto de ley que prepara el Ejecutivo regional “nadie pretende aumentar el control sobre los empleados públicos, solo garantizar que el ya existente, siga siendo factible técnicamente”.

El consejero insistió que fue en 2002, bajo la presidencia de Román Rodríguez, cuando se permitió el acceso a los datos clínicos de los empleados públicos y que ya entonces estaba adscrito a la consejería de Presidencia.

Hernández Spínola, dirigiéndose a Román Rodríguez, señaló: “Fue usted quien creó un sistema que ha mantenido la desigualdad de trato entre los empleados públicos al establecer en 2002 el régimen de tres inspecciones, una con inspectores de Presidencia, otra para la consejería de Educación y otra para el personal del Servicio Canario de Salud”.

El consejero indicó que ahora se pretende reducir a dos las inspecciones y con el tiempo reducirla solo a una.

“El artículo del anteproyecto de ley que prepara el Gobierno canario pretende garantizar la funcionalidad de este sistema de seguimiento para las Incapacidades Temporales (IT), permitiendo que tres inspectores médicos puedan valorar esa incapacidad con rigor”, añadió.

El consejero indicó que la cuestión de fondo estriba en “el brutal recorte a las prestaciones de IT que aplicó el PP en 2012”, y señaló que en Canarias existen 91 patologías por las que el trabajador de baja cobra el cien por ciento de su sueldo.

“Gente que va a trabajar arrastrándose”

Román Rodríguez, del grupo Mixto, señaló que en Canarias se está criminalizando a los público y “lo que está detrás es que lo público pase a la esfera de lo privado”.

“Hay una prestación para la incapacidad temporal y cuando enfermas tienes derecho a una prestación económica, pero ahora hay gente que va trabajar enferma, hemos pasado del absentismo a gente que va a trabajar arrastrándose”, afirmó.

“Ahora se pretende acceder a la historia clínica de los trabajadores públicos, violando uno de los derechos fundamentales, ya que la historia clínica es personal, no es de los médicos ni de la familia, solo del médico que interviene en la salud de la persona”, añadió.

“Cuando los médicos consideramos que hay que dar una baja, la notificación a la empresa va sin diagnóstico, pero en Canarias la baja a los empleados públicos van con diagnóstico y con derecho a entrar en la historia clínica”, y se preguntó ¿porqué no ocurre lo mismo con un empleado de hostelería o del Corte Inglés?, y agregó que en estos casos las altas y bajas las da el médicos de cabecera y el inspector médico.

Román Rodríguez concluyó diciendo que el absentismo en Canarias en el sector público está por debajo de la media que en el sector privado.

Manuel Fajardo, del grupo Socialista, dijo que “no pongo en duda la honestidad de los inspectores médicos y de la capacidad y entrega de la inmensa mayoría de los empleados públicos autónomos, pero se debe respetar la normativa legal que hace compatible el derecho de respetar la intimidad de los empleados públicos con la posibilidad de que la comunidad autónoma lleve a cabo inspección y combatir el absentismo laboral”.

Mercedes Roldós, del grupo Popular, afirmó que “detrás de todo esto subyace la intención de un Gobierno que tiene visión soviética o castrista y se quiere coinvertir en el gran ojo del gran hermano sobre los empleados públicos”.

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