Podemos planta a Batet en su visita al Parlamento canario y exige que explique por qué retiró el acta a Alberto Rodríguez

El Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias se ausentará de la sesión institucional que celebrará este jueves en la Cámara regional con motivo de la visita de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, una medida que toma en señal de protesta por haber retirado el acta al exdiputado Alberto Rodríguez. Además, ha dirigido una petición a la Mesa de la Cámara regional para que facilite una reunión con Batet con el objetico de que explique por qué decidió “unilateralmente” retirarle el pasado mes de octubre el acta a su diputado por Santa Cruz de Tenerife.

Una decisión que reprocha que tomó pese a contar con un informe jurídico de los letrados de la Cámara Baja favorable a que pudiera permanecer en su escaño pese a la sentencia condenatoria impuesta por el Tribunal Supremo por agredir a un agente de la autoridad en el año 2014, cuando ni siquiera existía la formación política morada.

El grupo parlamentario quiere trasladar a Batet la petición de que restituya el acta de diputado a Rodríguez, toda vez que consideran que “la pérdida de su escaño se debe a una decisión meramente política no sustentada jurídicamente, puesto que el Tribunal Supremo utilizó una vía indirecta, a través del artículo 44 del Código Penal, para instar a la privación del acta de diputado, desoyendo al propio Tribunal Constitucional cuando advirtió a los tribunales de que siguieran la necesaria proporcionalidad y la ”interpretación más favorable para respetar el ejercicio de los derechos fundamentales, como es el de poder ser elegido en unos comicios“.

Sí Podemos Canarias recuerda que en casos similares al de Rodriguez (el exsenador del PSOE y exalcalde de Melilla Gonzalo Hernández Martín; Agustín Jiménez Crespo, el alcalde socialista de Noblejas; el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, o el exsenador del PSOE Josep María Sala) el Tribunal Constitucional suspendió la ejecución de la sentencia de inhabilitación.

Desde el grupo parlamentario remarcan que Batet trasladó en octubre el oficio remitido por el Tribunal Supremo, en el cual el presidente de la Sala Segunda del Alto Tribunal, Manuel Marchena, advertía que la inhabilitación de Rodríguez era “obligada”, a pesar de que el equipo jurídico de la Cámara Baja precisaba que no cabía aplicar la pérdida del escaño, ya que al amparo de los artículos 6.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) y el 44 del Código Penal, la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo es causa de incompatibilidad para ejercer como parlamentario solamente respecto de determinados delitos, como los de terrorismo y rebelión. 

“Entre esos delitos no se incluye el de atentado a agentes de la autoridad, por el que fue condenado Alberto Rodríguez, sin olvidar que pagó una sanción de 540 euros en sustitución de la pena de cárcel, tal y como impuso el Alto Tribunal en su sentencia”, afirma el portavoz parlamentario, Manuel Marrero.

Ceder a la presión

Por ello, desde Sí Podemos Canarias se considera que “todo parece indicar que la presidenta del Poder Legislativo cedió a la presión del Poder Judicial asumiendo una decisión política totalmente inaceptable y estimamos que es necesario que, en una conversación franca y directa, despeje nuestras dudas”.

Asimismo, en el mismo escrito remitido a la Mesa del Parlamento solicitando una reunión con Batet, el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias ha explicado al presidente Gustavo Matos que sus diputadas y diputados se ausentarán de la sesión institucional, aunque continuarán ejerciendo presencialmente sus tareas estatutarias en la sede del Grupo Parlamentario situada en el mismo edificio que el hemiciclo.

El Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias defiende que su ausencia del acto es una protesta “contra esa decisión unilateral tomada en octubre por Batet”, que no solamente “perjudicó directamente al entonces diputado de Unidas Podemos por Santa Cruz de Tenerife sino que ha supuesto un grave precedente al constatarse la falta de protección de los cargos electos y un ataque frontal a los votos de 65.000 canarias y canarios”.

“Nunca, en nuestra democracia, se había arrebatado hasta ahora su escaño a una persona elegida legítimamente en las urnas”, concluye Marrero.