El pleno de Santa Brígida deja caducar el expediente del mamotreto
El expediente iniciado por el Ayuntamiento de Santa Brígida para declarar la nulidad del contrato del mamotreto, obra que lleva paralizada en el centro del pueblo desde 2009, se ha visto abocado a caducar este viernes, después de que la mayoría de los representantes políticos presentes en el pleno celebrado este martes haya votado en contra de la urgencia del mismo.
Dicho expediente se incoó hace tres meses por unanimidad de todos los grupos políticos y pretendía anular el contrato formalizado en noviembre de 2002 con la Unión Temporal de Empresas (UTE) Santa Brígida, encargada del proyecto. Según informan desde el Ayuntamiento, la iniciativa respondía a la necesidad de frenar el taxímetro de la empresa, que por sentencia judicial cobrará del Consistorio ocho millones de euros, a los que hay que sumar 3.700 euros por cada día que la obra siga paralizada.
El alcalde José Armengol pretendía enviar el expediente al Consejo Consultivo, para que éste a su vez emitiera un dictamen que resolviera si la nulidad era viable.
Sin embargo, un informe emitido durante la tarde del lunes por la secretaria general del municipio ha hecho que no solo la oposición, sino también miembros del Grupo de Gobierno como Unidos por Gran Canaria (UxGC) y Ciudadanos de Centro Democrático (CCD), hayan votado en contra de la urgencia del pleno (que se debatió durante cerca de una hora y finalmente no se celebró). A favor sólo se mantuvieron Ando por Sataute, el Partido Socialista (PSOE) y Nueva Canarias (NC).
En su escrito, al que ha tenido acceso Canarias Ahora, la secretaria consideró que la urgencia de la sesión plenaria no quedaba justificada y advirtió de que el Ayuntamiento mantiene abierto en el Juzgado número 2 de Las Palmas de Gran Canaria un proceso instado por la UTE, que demanda “la resolución” del contrato. “La articulación de procedimientos administrativos ad hoc a los efectos de eludir el fallo o futuros fallos judiciales, puede ser objeto de exigencia de la responsabilidad penal oportuna”, añadió la secretaria general.
La concejal de CCD, Oneida Socorro, hizo hincapié en la necesidad de incoar un nuevo expediente que cuente con informes más contundentes que los ya emitidos por los servicios jurídicos del Cabildo de Gran Canaria y el del profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Adolfo Jiménez Jaén, que no han querido ampliar los mismos.
Algo con lo que estuvo de acuerdo el concejal de UxGC, Martín Sosa, quien temió futuras demandas si se celebraba el pleno y se mostró a favor de resolver el contrato del mamotreto, en vez de que declarar la nulidad del mismo. En el pleno de junio votó por esto último, explicó, por ser “disciplinado”.
La edil del Partido Popular (PP), María Inmaculada Sáez, no vio desventaja alguna en incoar un nuevo expediente, porque a su juicio el mismo podría concluir en días y no en el plazo de seis meses que permite la ley. Una opción para llevar a cabo un “proceso impoluto” que ponga fin a una situación que ha costado millones de euros a las arcar municipales, que la oposición – formada por PP, Cambio por Sataute (CxS) y Ciudadanos - consideró más favorable.
Sin embargo, el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Vivienda, Eduardo Martín, manifestó que “hemos tardado un año y cuatro meses en montar este expediente, empezamos desde el día uno a trabajar a destajo para sacar esos informes adelante y nos ha costado muchísimo, ese es uno de los motivos por los que no queremos reiniciar el expediente, aunque ya no queda otra”. Así mismo, recordó que cada día que pasa el Ayuntamiento suma a su deuda 3.700 euros más.
Armengol consideró que el expediente se encontraba lo suficientemente “armado” como para remitirlo al Consultivo y explicó la urgencia del pleno en la caducidad del procedimiento, que vencerá el día 14. La resoluciones judiciales, añadió, abocan a Santa Brígida a una situación de incertidumbre que definió como “difícil” de resolver.
La portavoz de Cambio por Sataute (CxS) Guadalupe del Río, que abogó por la resolución del contrato - aunque no desecha la nulidad - lamentó que el Grupo de Gobierno ha tenido tres meses para fortalecer el expediente y “nos convocaron a un pleno urgente para quedar bien, cuando todos sabíamos que esto no iba a salir”. “Ni tan siquiera se han respondido las alegaciones”, denunció.
A su juicio, enviándole el vigente expediente al Consultivo “estamos dándole todos los argumentos a la UTE para que nos dé cachetadas en ambas mejillas. Para llevar algo al juzgado lo tenemos que tener todo bien amarrado y no está así”, concluyó.
Ruptura de la disciplina
Eduardo Martín reconoció que la resolución del pleno era algo “esperado”, debido a que los dos socios de gobierno que votaron en contra de la urgencia del mismo habían comunicado su decisión el lunes por la noche.
Martín explicó que el abogado del Consistorio, Pedro Fernández Arcila, había recomendado continuar con el expediente y así lo habían intentado hacer Ando por Sataute, el PSOE y NC. En adelante, dijo, “tenemos que seguir discutiendo y ver cómo se reabre el proceso y cómo garantizar, para nuestros compañeros de la oposición y toda la corporación, esa seguridad jurídica que están pidiendo”.
Para el edil, que dos de los socios de Gobierno hayan votado de forma distinta no abre una brecha en el seno de la formación, conformada por cinco fuerzas políticas. Admitió que “no nos agrada a ninguno, pero ha sido un debate de altura y creo que los argumentos esgrimidos han sido buenos. No hemos sabido convencerlos y ahora tendremos que seguir trabajando en la nulidad, porque estamos convencidos de que ese es el camino para poner fin a esta proceso y plantarle cara a la concesionaria”.
El concejal de UxGC dijo que no existe una “indisciplina” al no formar parte del mismo partido que el resto de sus socios y señaló haber votado en contra de la urgencia del pleno debido al informe de la secretaria general. “Se puede dar comienzo a un nuevo expediente con los nuevos plazos que estipula la ley de procedimiento administrativo y esto no quiere decir, ni mucho menos, que se ralentice, ni que se paralice, sino que se puede hacer iniciando otros trámites, pero continuando con otro espíritu, que es revisar de oficio el expediente de la obra del centro comercial”, sostuvo.
Aun teniendo en cuenta los 3.700 euros diarios que se suman a la deuda municipal, consideró preferible incoar un nuevo expediente “sobretodo cuando te enfrentas a un informe desfavorable por parte de la secretaria general de un ayuntamiento, que lo que puede dar pie es a mayores consecuencias judiciales”.
