La política “de personal” de la alcaldesa de Mogán recibe un nuevo varapalo judicial

Una sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 10 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictaminado que el Ayuntamiento de Mogán tendrá que pagar 21.000 euros a la trabajadora municipal que fue trasladada del servicio de información al consumidor el pasado junio de 2018. La resolución judicial reconoce que la afectada, Beatriz Santiago, hermana de la candidata a la Alcaldía de Mogán por Nueva Canarias, Isabel Santiago, debe percibir su salario conforme a la categoría de técnica mientras continúe desempeñando esas funciones.

La alcaldesa del municipio, Onalia Bueno, y el concejal de Recursos Humanos, Mencey Navarro, decidieron el año pasado, a través de dos decretos dictados el mismo día y con 15 minutos de diferencia, trasladar a la trabajadora municipal, que durante 17 años se hizo cargo de atender a los vecinos y turistas de Mogán en la oficina de información al consumidor, a la Policía Local.

NC ve en esta sentencia “un fracaso más de la política de personal represora de Onalia Bueno” y espera que con este fallo “se ponga fin a la persecución de aquellos que no se dejan avasallar”, indica en un comunicado.

En aquel momento, para la formación nacionalista se trató de “una clara persecución” contra la trabajadora municipal por ser hermana de la cabeza de lista de un partido de la oposición. Santiago advirtió que la decisión iba a “deteriorar” la calidad de los servicios públicos, ya que los vecinos “se quedaban desamparados” ante cualquiera problema que surgiese.