El PP pretende evitar el derribo de la Biblioteca del Estado a través de los Presupuestos
El PP ha recurrido a los presupuestos generales de 2016 para conseguir que la Biblioteca del Estado de Las Palmas de Gran Canaria tenga el rango de bien de “utilidad pública e interés social”, lo que despeja el camino al Gobierno para darle una salida legal que evite su derribo.
En las negociaciones que han mantenido en los últimos meses después de que el Tribunal Constitucional confirmara la orden de demolición de la biblioteca, tanto el Ministerio de Educación y Cultura como el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria han apuntado públicamente la posibilidad de expropiar los derechos de esa sentencia, para permitir que el edificio siga en pie.
El PP ha registrado ahora en el Senado una enmienda a los presupuestos del Estado para añadir una disposición adicional que concede a la biblioteca de la capital grancanaria la condición de utilidad pública e interés social “a los efectos previstos en la Ley de 16 de diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa”.
El Supremo ha fallado en dos ocasiones (2010 y 2014) que esa biblioteca, construida durante el mandato del ministro José Manuel Soria como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, vulneraba el planeamiento urbanístico de la ciudad, porque eliminó una zona verde prevista en ese espacio y creó una pantalla que impide ver el mar.
Cerrada la vía ordinaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria pidió el amparo del Tribunal Constitucional para alegar que derribar la biblioteca podría vulnerar el derecho de los ciudadanos al patrimonio y a la cultura, un argumento que no fue aceptado.
En la justificación de su enmienda, el PP reconoce que ya no caben más recursos contra esas sentencias, pero al mismo tiempo defiende que es “de interés general” conservar esa instalación.
Los senadores populares alegan, en este sentido, que el erario público perdería el dinero invertido en esa biblioteca pública y que sus 413.487 usuarios “verían lesionado su acceso a la cultura”.
Por ello, consideran que privar a los vecinos que consiguieron esa sentencia de derribo del derecho a ejecutarla supone un “sacrificio proporcionado, una vez ponderados el interés general que se pretende proteger y los intereses particulares de los afectados”.
“En esta situación, resulta evidente la utilidad pública e interés social de expropiar los derechos a ejecutar las resoluciones judiciales que ordenan la demolición de la Biblioteca Pública del Estado de Las Palmas de Gran Canaria”, añade el PP.
El grupo popular recuerda que la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año “ya ha sido utilizada con anterioridad para fines expropiatorios” y que “el Tribunal Supremo la ha considerado como un medio idóneo para declarar genéricamente la utilidad pública para proceder a la expropiación forzosa”.
